29 de junio de 2016 13:54

13 meses después de la detención, la Asamblea Nacional suspende el pago del sueldo a legisladora Esperanza G.

Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea, informó este 29 de junio de 2016 que el CAL suspendió el pago de la remuneración a la asambleísta de AP detenida. Foto: Web de la Asamblea Nacional

Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea, informó a la prensa este 29 de junio de 2016 que el CAL suspendió el pago de la remuneración a la asambleísta de AP detenida. Foto: Web de la Asamblea Nacional

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Mario Alexis González

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió suspender todo tipo de pago a la legisladora Esperanza G. mientras la Contraloría General del Estado (CGE) emite un informe definitivo sobre el caso. Lo aseguró la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, este miércoles 29 de junio del 2016, en Quito.


Rivadeneira,
legisladora del oficialista Alianza País (AP), mencionó que el primer borrador del informe de la Contraloría hizo "una advertencia y una sugerencia" a la Asamblea por el pago de sueldos a Esperanza G., asambleísta de AP por Esmeraldas, que está detenida desde hace 13 meses (la captura se efectuó el 24 de mayo del 2015) por presunto cohecho.

Por esto el CAL notificó a la administración general de la Asamblea para que suspenda los pagos, al menos hasta que se emita el informe final de la Contraloría General del Estado, donde se establecerá a los responsables por estos pagos.

Las partes involucradas tienen cinco días para presentar las pruebas de descargo ante la Contraloría. Luego, esta entidad tomará una resolución a través de su informe final.

"Nos sumamos a la molestia del pueblo ecuatoriano en general. Por eso como legisladora he presentado reformas a la Ley de la Función Legislativa para saber qué hacer en estos casos", dijo Rivadeneira y ratificó que la Asamblea no cometió ninguna ilegalidad al pagar los mensuales a Esperanza G. puesto que existe un vacío legal.

Sobre la posibilidad de que la legisladora detenida restituya los valores ya cobrados, USD 17 904 en los primeros siete meses, según un estudio de la Contraloría, Rivadeneira aseguró que eso le compete a esa entidad de control. Añadió que la preocupación del CAL no surgió a raíz de que el caso fuera publicado por EL COMERCIO. "Antes pedimos a Contraloría y Procuraduría que analice el caso y ya tenemos los resultados", dijo.

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