El desacato de Colombia, otro golpe para la CIDH

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Redacción Política  politica@elcomercio.com

La decisión del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, de desconocer las medidas cautelares a favor del alcalde destituido de Bogotá, Gustavo Petro, es un golpe demoledor e insólito para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Demoledor porque se da en medio del debate regional sobre la vigencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en donde las naciones bolivarianas (Venezuela, Bolivia, Ecuador) han planteado una suerte de jubilación de la OEA y sus entidades.

Y es insólito porque el desacato, esta vez no salió de ese sector, sino de uno de los Estados más comprometidos con este sistema. De allí que analistas consultados por este Diario creen que lo que Santos hizo el martes pone en riesgo esa suerte de tutela regional que tiene la CIDH.

Santos desconoció las medidas cautelares de esta Comisión y ejecutó, a través de un decreto, la destitución de Petro, resuelta por la Procuraduría. Medios influyentes como la revista Semana interpretaron la decisión del Mandatario como una medida "para precautelar la institucionalidad local".

De haber aceptado las medidas cautelares, explicó Semana, se pudo abrir "la puerta a una nueva jurisprudencia con efectos inimaginables, pues todos quienes han sido destituidos podrían reclamar el mismo trato ante la CIDH".

La supremacía de la jurisprudencia hemisférica ha sido una de las razones por las cuales el Gobierno ecuatoriano ha sido persistente en sus críticas a todo el Sistema de DD.HH. De allí que, desde una mirada general, la posición de Colombia pareciera ser la misma.

Para Daniela Salazar, catedrática de la USFQ y conocedora de estos temas jurídicos, "es un hecho muy grave" lo que pasó en Colombia. Sobre todo porque -dice- es un país con un largo historial de cumplimiento de las medidas cautelares.

La catedrática califica la decisión de Santos como un "gran retroceso", pues las acciones de la Comisión han permitido salvar muchas vidas.

Desde ese enfoque, el catedrático de la Universidad Católica, Salim Zaidan, encuentra en la posición del Gobierno colombiano un componente más político que jurídico.

A su juicio, lo que se busca con esta medida, siguiendo la línea de Semana, es impedir que todos los funcionarios destituidos administrativamente en Colombia sigan la ruta de Petro.

No obstante, esa justificación desentona totalmente con el reconocimiento que la Constitución de ese país ha hecho sobre la vigencia de la CIDH.

"La CIDH (en el caso del Alcalde de Bogotá) analizó los tres requisitos que deben tener las medidas cautelares: gravedad, urgencia e irreparabilidad. Por eso emitió la resolución. Sin duda, el Sistema Interamericano quedó debilitado".

Los efectos del desacato colombiano se seguirán con mucha atención en Ecuador por la larga lista de casos pendientes que existen frente a la CIDH.

De los más importantes es la situación de los pueblos no contactados tagaeri y taromenane que habitan en el Yasuní. En el 2006, la CIDH otorgó medidas cautelares y, en enero pasado, trasladó el caso a la Corte Interamericana, ya que no se estaban cumpliendo dichas medidas.

En esta reciente comunicación, la CIDH sostuvo que Ecuador "ha indicado de manera expresa en el marco del presente asunto que no reconoce las medidas cautelares y que, en consecuencia, no responderá a la Comisión sus solicitudes de información".

Los argumentos de Ecuador son que las medidas cautelares emitidas por la CIDH "no está previstas ni en la Convención Americana de Derechos Humanos, ni en su Estatuto, y que por lo tanto, no reconocerá ninguna de estas medidas ni emitirá respuestas sobre ellas".

Otros casos que esperan el pronunciamiento de la CIDH tienen que ver con personas e instituciones que denuncian haber sido violados sus derechos humanos, entre ellos, al de una justicia imparcial. Solo para citar un ejemplo, el asambleísta por Pachakutik , Cléver Jiménez, espera medidas cautelares de la CIDH para no ir a prisión, luego de que el caso ya fuera juzgado en el país.

Pero el abogado del presidente Rafael Correa, Caupolicán Ochoa, en este juicio, dijo que las medidas de la Comisión no impedirán que se cumpla con la sentencia contra Jiménez.

Daniela Salazar dice que al escuchar los argumentos de Santos, de que las medidas de la CIDH están solo en su reglamento, hay plena sintonía con la posición del Ecuador.

En contexto

La OEA aprobó las reformas que redactó la propia CIDH sobre sus funcionamiento. Pero Ecuador insiste en que se cambie su sede a uno de los países del Pacto de San José y se revise el financiamiento del Sistema. No hubo apoyo para el tema de las medidas cautelares.

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