Defensores de los derechos humanos denunciaron hoy, viernes 28 de marzo de 2014, la supuesta violación del derecho de asociación que se está produciendo en Ecuador a raíz del caso de la Fundación Pachamama, en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que expresó su “grave preocupación” por esta situación.
Durante la audiencia, a la que el Estado ecuatoriano rechazó asistir, los peticionarios se refirieron a la disolución de la Fundación Pachamama, organización sin ánimo de lucro que trabaja en defensa de la naturaleza y los pueblos indígenas en Ecuador, prohibida mediante el conocido como Decreto 16.
La directora de la fundación, María Belén Páez, lamentó que las autoridades del Ecuador o no acudieran a la audiencia, y dijo que su ausencia es muestra de la “falta de respeto (del gobierno) a los espacios internacionales de los cuales ha sido signatario”.
“Más allá de un caso concreto, venimos a defender la libertad de asociación que es un derecho que afecta a todos los ecuatorianos y ecuatorianas”, apuntó Páez. Monica Vera, de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), explicó que en 2013 fue adoptado en Ecuador el Decreto 16, mediante el cual se derogó toda normativa anterior y vigente y se establecieron nuevos parámetros para las restricciones al derecho de asociación, fundamentalmente basadas en la prohibición a las ONG de realizar cualquier acción con injerencia política.
“El 70 por ciento del contenido del decreto contiene directivas discrecionales y que además son muy ambiguas e interpretables”, agregó Vera, que también apuntó que en su mayoría resultan inconstitucionales.
Páez relató, además, que el caso de su fundación, que no tuvo notificación previa de su cierre ni derecho a la defensa, ha supuesto un precedente intimidatorio para otras organizaciones.
Fundación Pachamama fue clausurada tras unos incidentes ocurridos el 28 de noviembre pasado, cuando activistas ecologistas e indígenas contrarios a que la explotación petrolera se extienda al sur de la Amazonía ecuatoriana llevaron a cabo una protesta en la que se produjeron agresiones a miembros de delegaciones diplomáticas, según el Ministerio del Interior.
El cierre de la Fundación Pachamama, que niega haber estado involucrada en los episodios de violencia, desencadenó protestas de organizaciones ecuatorianas y de más de un centenar de entidades de derechos humanos internacionales que, en una carta de solidaridad, exigieron en diciembre su reapertura.