Una democracia que castiga

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Carlos Rojas Araujo  Editor Político

Como todo juego, el de la política tiene un esquema de incentivos y castigos. Solo hay que jugar las cartas.

Esta es una reflexión un tanto cínica, pero válida a la hora de entender la parsimonia con la cual el Consejo Nacional Electoral cerró el paso a la consulta popular, planteada por los Yasunidos, invalidando en total 500 000 firmas.

No solo eso, los reportes de los grafólogos que sustentaron el proceso de revisión motivaron a que Domingo Paredes y Paúl Salazar calificaran de irrespetuoso, poco serio y vergonzoso, el trabajo del colectivo que no quiere que se explote el petróleo en el Yasuní. Aún se desconoce si el CNE recurrirá nuevamente a la Fiscalía para que investigue este segundo capítulo de un mal que acecha, sin piedad, a nuestra democracia: ¡la danza de las firmas fraudulentas! Ya ocurrió en el 2012 con el escándalo de las afiliaciones de las agrupaciones políticas. Y a pesar de que hasta ahora -son casi dos años- la Fiscalía no ha dado ninguna conclusión, el CNE no descarta pedir, otra vez, su auxilio.

Para el CNE las amenazas a la democracia están en un grupo de personas informales que pretendían hacer trampa en el juego político por la consulta popular. No solo porque se "habrían adulterado" firmas, sino que muchos formularios tenían un papel y un formato no autorizado. ¿Qué pesa más: las formalidades de un requisito burocrático o el derecho constitucional a ejercer la participación dentro de una democracia? No responderse esta pregunta sería caer en un grave error de apreciación.

El informe del CNE -con razón o sin ella- anuló el rimbombante concepto de participación ciudadana tan reiterado en la Constitución de Montecristi. Ya sucedió con la revocatoria que impulsó Carlos Vera y las afiliaciones de los partidos. Como la historia se repite, no habrá incentivos para que la gente no alineada al Régimen recolecte firmas, pues el castigo se impuso en este juego político. El CNE y el presidente Correa pueden dormir tranquilos.

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