26 de March de 2012 00:02

Demandas a reforma electoral irán a manos de un magistrado

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Mañana, a las 10:30, el Pleno de la Corte Constitucional sorteará al juez ponente, que se encargará de tramitar las cinco demandas de inconstitucionalidad de la reforma al Código de la Democracia, impulsada por el oficialismo.

Sin embargo, solo seis de los nueve magistrados de la Corte asistieron al hotel: Nina Pacari, Alfonso Luz Yúnez, Patricio Herrera, Ruth Seni Pinoargote, Manuel Viteri y Hernando Morales. Por ello, el sorteo finalmente quedó aplazado para mañana.

En febrero pasado, varios gremios y movimientos políticos de oposición pidieron que se declarara la nulidad de las reformas al Código de la Democracia, que fueron introducidas por el presidente Rafael Correa, a través del veto.

Una de estas modificaciones fue el artículo 203, que establece que durante la campaña electoral, los medios de comunicación no podrán difundir ningún tipo de información que pueda incidir directa o indirectamente a favor o en contra de un determinado candidato.

Para la Unión Nacional de Periodistas (UNP), la organización Fundamedios y la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), que presentaron dos demandas, este articulado generará censura en los medios de comunicación. Su argumento es que con ese artículo cualquier reportaje, entrevista o noticia podría ser considerada como un apoyo a una candidatura.

A estas dos demandas se sumaron tres adicionales. La primera que fue presentada por la Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas, integrada por el Movimiento Popular Democrático (MPD), Pachakutik, Participación y Montecristi Vive. La segunda es la que entregaron los asambleístas de Alianza Libertad y la última la presentó el Prian.

En estas demandas, a más de impugnar el artículo 203, también piden la nulidad del 93. Esa norma regula la figura de la reelección consecutiva que establece que los candidatos con cargos públicos podrán elegir entre usar o no la licencia sin remuneración durante la campaña electoral.

Para los demandantes, esa norma violenta varios principios constitucionales: el artículo 84, sobre los derechos constitucionales; el 115, sobre el uso de recursos e infraestructura estatales en la campaña; el 117, que impide realizar reformas electorales el año previo a las elecciones; y el 138, que impide incluir en el veto materias no contempladas en el proyecto original de una ley.

El último artículo cuestionado en las acciones es el 164, que fija las reglas para la adjudicación de escaños. Los demandantes señalan que se está afectando el principio de proporcionalidad. Además, citan que el ex Tribunal Constitucional ya declaró el método d’Hont como inconstitucional. Estas demandas fueron unificadas porque se refieren al mismo texto legal, explica la UNP.

Según el gremio, existen argumentos de sobra para que se declare ilegal el artículo 203 del Código de la Democracia pues, a su criterio, contradice la Constitución y los principios universales de libertad de expresión y los derechos humanos.

Además, el representante legal de la UNP señala que hasta que no se resuelvan estos recursos, las medidas cautelares dictadas por la Corte Constitucional a finales del mes pasado evitarán que se ejecuten las reformas al Código de la Democracia.

El procedimiento establece que una vez que se sortee al juez ponente, este debe convocar a una audiencia para escuchar a las partes. Luego de ello, deberá emitir su informe y presentarlo ante el Pleno del organismo, para su aprobación o modificación

Lo que dice el Código

Art.  203:  “Los medios de comunicación social se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta, ya sea a través de reportajes, especiales o cualquier otra forma de mensaje, que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato, postulado, opciones, preferencias electorales o tesis política”.

Esta reforma al  Código de la Democracia ha sido objeto de críticas internacionales. Una de  ellas fue la carta firmada por el Grupo de Amigos de la Carta  Democrática Interamericana, del Centro Carter.

Ese grupo  de ex mandatarios señaló que esa norma limita la cobertura por parte de los medios de comunicación de cara a las elecciones  de 2013 y pone trabas al derecho a la información.

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