28 de May de 2011 00:07

Fin del desacato no calmará la tensión Correa-prensa

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El reciente anuncio que hizo Johana Pesántez, ministra de Justicia, de eliminar el art. 230 del Código Penal, que contempla la figura del desacato, no genera entusiasmo en sectores políticos y en estudiosos de la legislación de prensa y de libertad de expresión.

A su juicio, el dar de baja este artículo no garantiza que el Gobierno dejará de lado su política de enfrentamiento con los medios de comunicación.

Esto porque todavía están en proceso al menos dos juicios directos del Jefe de Estado en contra periodistas y directivos de medios. Se trata del juicio civil en contra de Juan Carlos Calderón y Christian Zurita por la publicación del libro ‘El Gran Hermano’. En este caso, el Presidente recurre a la figura de daño moral y no del desacato. De la misma manera está el juicio penal en contra de tres directivos de diario El Universo y de su editor de Opinión, Emilio Palacio, por sus comentarios emitidos en un artículo por él firmado.

Por ambos juicios, el Presidente ha pedido una indemnización de USD 90 millones.

Juan Carlos Solines, ex superintendente de Telecomunicaciones, advierte que de ser aprobada la propuesta de Pesántez en la Asamblea, no cambiará en nada los juicios arriba señalados, pues fueron planteados bajo otras figuras legales.

Fernando Alvarado, secretario de Comunicación del Gobierno, confirma esta tesis y aclara que “estos juicios que el Presidente ha presentado (Diario El Universo, Emilio Palacio) es por injurias y no por desacato. El Presidente no ha hecho uso de esta figura, aunque el Código Penal lo contempla”.

En ese sentido, plantea que en la propuesta de eliminación del art. 230 “únicamente se elimina la figura del delito de ofensas directas en contra del Presidente de la República”. Pero añade que “se mantiene dentro del proyecto del nuevo Código Integral Penal, la tipificación del delito de injurias calumniosas y no calumniosas, en las que puede incurrir cualquier persona, sea periodista o no, cuando lesiona la honra y el buen nombre de cualquier otra persona, sea funcionario público o no”.

Sin embargo, Solines cree más bien que el anuncio de la Ministra correspondió a una reacción política frente a la demanda de inconstitucionalidad que, horas antes, la organización Fundamedios presentó en contra del art. 230.

Por ello, el asambleísta Fausto Cobo (PSP) afirma que esta posible reforma no será suficiente para que el Ejecutivo deje de lado sus agravios contra la prensa.

En ese sentido, señala que el Gobierno buscará cualquier figura para perseguir a la prensa. “Cómo puede ser coherente el anuncio de que va a eliminar el desacato mientras el Presidente sigue atacando a los medios de comunicación, buscando la forma de desacreditar y descalificar todo lo que no coincide con su opinión”.

Cobo insiste en que se acabará el desacato pero seguirán utilizando la figura de injurias. “La persecución no va a terminar”.

El constitucionalista Antonio Rodríguez se pregunta si en realidad le resulta conveniente al Gobierno aprobar este proyecto, “porque así está terminando con un mecanismo de represión”. Según Rodríguez, es preciso esperar el trámite que esta reforma tendrá en la Asamblea, antes de emitir un criterio.

Pero históricamente el desacato comenzó a aplicarse en Inglaterra en 1275. En el Ecuador, el desacato está vigente desde la llegada de los conquistadores españoles. Actualmente, los artículos 230, 231 y 232 del Código Penal hacen referencia a esta infracción (ver tabulado).

Finalmente, Alvarado afirma que “cuando el Gobierno habla de continuar o iniciar procesos a quienes profieran in-jurias calumniosas en contra del Primer Mandatario, está en lo correcto”.

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