10 de November de 2011 11:37

Defensa de Palacio solicitó audiencia en Corte Nacional de Justicia

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Los abogados de Emilio Palacio, ex editor de opinión de diario El Universo, ingresaron un nuevo escrito ayer a las 16:02 en la Segunda Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en Quito.

Esa Sala debe analizar un recurso de hecho y otro de casación que interpuso la defensa de Palacio; además de los pedidos de casación de la empresa periodística y sus tres directivos ante la sentencia a favor del Presidente.

Según la defensa de Palacio, ya no caben pronunciamientos sobre el recurso de hecho y la Sala debe conocer directamente todos los recursos de casación. Sin embargo, en el escrito establecen que “para el evento que ustedes asuman resolver sobre el recurso de hecho, que se convoque a la audiencia”. Así los magistrados deberán oír sus argumentos antes de tomar una decisión.

Tanto en primera como segunda instancia, los jueces condenaron a tres años de prisión a Palacio y los directivos del diario; además del pago de USD 40 millones al presidente Rafael Correa. El 24 de agosto pasado, Palacio dejó el país para viajar a Estados Unidos.

Desde el extranjero envía boletines vía correo electrónico. En su mensaje más reciente, remitido hoy, transcribe una carta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fechada 8 de noviembre.  En esta indica que la Organización solicitó información al Gobierno ecuatoriano debido a la solicitud de medidas cautelares para el ex editor y los directivos Carlos, César y Nicolás Pérez.

En el comunicado, la CIDH solicitó información sobre: los criterios para definir la indemnización para Correa, la normativa y jurisprudencia ecuatoriana utilizada para establecer la autoría coadyuvante de los Pérez, y si el pedido de casación ante la CNJ es un recurso ordinario o extraordinario.

Además, preguntaron “si existen otras decisiones similares, al menos en los últimos cinco años, en las cuales las autoridades competentes hubieren impuesto sanciones con cuantías de hasta treinta millones de dólares o mayores, por delitos contra la honra de funcionarios públicos realizadas por periodistas o medios de comunicación”. Y, en el caso de que existan, solicitaron anexar las resoluciones judiciales.

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