15 de June de 2011 00:02

El debate empieza con contenidos

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Ayer, en la mañana se reunieron Mauro Andino, Rolando Panchana, Ángel Vilema, Betty Carrillo, Maruja Jaramillo y María Augusta Calle, que son parte de la Comisión de Comunicación de la Asamblea. En el encuentro informal se detalló el cronograma de debates que fuera preparado por Andino, quien preside el grupo.

En el proyecto se pretende que el debate se inicie con la pregunta 9 de la consulta. Según lo planificado, el primer tema sobre la mesa será los parámetros sobre los contenidos discriminatorios y violentos de los medios. Luego se tratará la responsabilidad ulterior y en la tercera sesión la conformación del consejo de regulación.

Posteriormente, se abrirá en debate a los artículos que no fueron consensuados en el proyecto del segundo debate. Para Vilema este será el campo para discutir artículos que presentarán la oposición y sectores sociales.

Este cronograma deberá ser aprobado por los asambleístas de la oposición en la Comisión. Por eso, Andino dijo que no se puede asegurar un plazo fijo para la ley, pero cree que serán dos meses.

Los cinco y otros legisladores de la oposición aún desconfían del éxito que tendrán esas reuniones. Paco Moncayo sostuvo que el Presidente de la República ha intentado torpedear el trabajo de la Asamblea. Mientras que para Cynthia Viteri y Lourdes Tibán es necesario que los legisladores de Alianza País se comprometan a trabajar hasta después del veto.

La cancha y los tiempos para el debate de la ley de comunicación se definieron en la reunión en el Palacio de Carondelet, el pasado viernes. El presidente Rafael Correa, ministros, directivos de Alianza País y sus asambleístas se juntaron para almorzar y conversar sobre el futuro de las leyes que están en el Legislativo.

El presidente Rafael Correa exhortó a sus legisladores a que prioricen el trámite de los proyectos, como de la ley de aguas, la de cultura y de comunicación que se mantienen estancadas por más de un año sin ser aprobadas.

Fue un jalón de orejas que los asambleístas de País asimilaron. Es así que decidieron empezar el trámite con el texto de comunicación y hacerlo rápidamente. Está planificado que el proyecto pase al Pleno Legislativo para su aprobación en julio; es decir, que existan dos meses de discusión.

En este escenario, en el almuerzo también se trataron varios puntos críticos de la ley de medios, para articular su aprobación.

Uno fue sobre la responsabilidad ulterior de las empresas y de los periodistas. Hay criterios divididos dentro de Alianza País sobre ese tema. Por ejemplo, el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, en una entrevista difundida por la agencia EFE, sostuvo que los medios no debían ser sometidos a esa figura, porque son empresas y no personas.

Pero fue cuestionado por otros líderes del movimiento. Entre ellos, el presidente Correa y varios legisladores. “Es un tema aún en discusión en el Ejecutivo y que se tendrá que definir en la comisión de Comunicación”, dijeron tres fuentes de Alianza País.

Sobre este tema, la legisladora Betty Carrillo dijo que la responsabilidad ulterior debe ser para autoridades, medios y periodistas. “Para autoridades debe ser una responsabilidad con sanciones penales y para los medios y periodistas administrativas”.

En Palacio también se acordó sacar de la ley de comunicación la limitación a la propiedad de los dueños de medios, que fuera aprobada en la pregunta 3 de la consulta. El secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, aconsejó a los asambleístas que esa regulación vaya al proyecto de ley de telecomunicaciones, que será presentado próximamente.

Sobre la responsabilidad ulterior

El proyecto de ley
El capítulo 3, sobre los Deberes en el proyecto de ley de comunicación, estipula la responsabilidad ulterior.
En el artículo 29 se especifica que 'El ejercicio de los derechos de comunicación no estará sujeto a censura previa, salvo los casos establecidos en la Constitución de la República, tratados internacionales vigentes y la ley, al igual que la responsabilidad ulterior por la vulneración de estos derechos'.
Este tema también se señala como uno de los motivos para la redacción de este proyecto. A su vez que se cita el art. 16 de la Constitución.

El Gobierno dice
Fernando Alvarado, secretario de Comunicación, señala que "la importancia del concepto de responsabilidad ulterior es medular".
Para el Secretario toda persona natural, jurídica o colectivo debe hacerse responsable por la vulneración o afectación que sus acciones ocasionen a los derechos de terceros, "como por ejemplo al derecho a la honra, privacidad, etc.".
Por eso, el proyecto debe especificar, en su criterio, la responsabilidad ulterior apegado al mandato expreso de la Convención Americana de Derechos Humanos.

La oposición dice
Lourdes Tibán dice que la responsabilidad ulterior "debe ser para todos". La asambleísta piensa que el artículo deberá "ser dirigido para todos los ciudadanos y no solo para los periodistas". Entonces, ella se pregunta "¿Qué pasará con las personas ofendidas por el Presidente en las cadenas".
Jimmy Pinoargote, asambleísta de oposición por el bloque ADE y miembro de la comisión que redacta el proyecto, señaló que "esta (refiriéndose al art. sobre la responsabilidad ulterior) es una advertencia de que si alguien hace algo será sancionado; desde ese momento, la libertad es condicionada".

Alianza País dice
Rolando Panchana, vicepresidente de la Asamblea y miembro de la Comisión de Comunicación de la bancada de Alianza País, cree que el periodismo debe sostenerse en dos pilares "fundamentales". El primero, no tener censura previa y el segundo, "ser conscientes de la responsabilidad ulterior".
Doris Soliz, ministra coordinadora de la Política, en una entrevista para el medio oficialista El Ciudadano TV argumentó que "El Ejecutivo no está en una persecución de medios". Lo que están exigiendo es que los medios privados, públicos y comunitarios, "sean responsables con el país y con el bien público".

Otras opiniones
Según la OEA, se especifica en la Convención Americana en su art. 13 que se prohíbe la censura previa en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, se estipula que este trabajo 'esté sujeto a responsabilidades ulteriores para asegurar los derechos y reputación de los ciudadanos'.
Según la Unesco, en su Análisis del Desarrollo Mediático en Ecuador 2011 , recomendó a la Asamblea que el art. 29 del proyecto no vaya a violar el art. 13 de la Convención Americana. Además, expresó que el artículo 18 de la Constitución vigente deberá ser enmendado "en un momento oportuno".

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