19 de January de 2011 00:00

El debate por la consulta ya empezó

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El proyecto de consulta popular del presidente Rafael Correa recibió ayer las primeras críticas de las principales figuras de oposición.

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, dijo que las preguntas entregadas a la Corte Constitucional “son una decepción”. “No es lo que me esperaba en materia de seguridad ciudadana”, indicó en una entrevista radial. A su juicio, la pregunta sobre el fin de la caducidad de la prisión preventiva no es clara ni directa, por lo que el tema volverá a la agenda legislativa “que no ha hecho nada”.

El ex presidente de la Constituyente, Alberto Acosta, también mostró su rechazo al proyecto. Cree que resulta innecesario armar una nueva tarima electoral para el Presidente. “En general son temas que pudieran tramitarse de manera directa en la Asamblea Nacional y con una adecuada administración de la Justicia.

 

“Algunos de los temas planteados atacan a la institucionalidad establecida en la Constitución, a los procedimientos que de ella se derivan, y a varios poderes del Estado: Legislativo, justicia y poder ciudadano”. Para Acosta, los cambios que se pretenden hacer al Consejo de la Judicatura es “meter la mano a la Justicia y como que resucita la partidocracia”.

De esta manera insiste en que el Primer Mandatario ha dejado de lado una de las principales aspiraciones de Alianza País, plasmadas en su plan de gobierno 2007- 2011. Esta fue que “para superar el corporativismo y la desinstitucionalización del Estado se requería independencia entre las funciones”, y esto, a su juicio, no se está respetando.

Por su parte, el ex presentador de televisión y actual promotor de la revocatoria del mandato al Presidente, Carlos Vera, las únicas preguntas que sirven son la 1 y la 2 de las encaminadas a enmendar la Constitución. Estas se refieren al nuevo tratamiento que se pretende dar a la figura de la prisión preventiva. El resto de preguntas, “de la 3 a 10 solo buscan control de la Justicia, de los medios de comunicación y hasta control de los gustos de los espectáculos públicos”. 

Las cuatro áreas sobre las que se apoya la consulta popular presidencial

Reforma penal

Dos preguntas

Son la 1 y la 2 del cuestionario de referendo o enmiendas constitucionales. Se refieren a la posibilidad de cambiar los plazos para la caducidad de la prisión preventiva y que las medidas sustitutivas a las prisión preventiva se apliquen solo a los delitos menos graves.

Los argumentos oficiales

En materia de prisión preventiva, el Gobierno señala que las medidas cautelares sustitutivas a la prisión preventiva deben ser diferenciadas para evitar que quienes cometen delitos sancionados con reclusión, y que son los que más temor generan en la sociedad, salgan con rapidez en libertad. Se reforma el numeral 9 del artículo 77 de la Constitución.

Las críticas

Jaime Nebot dice que las preguntas 1 y 2 no son claras y, por lo tanto, el Gobierno no asume de manera frontal este tema básico en la lucha contra la delincuencia e inseguridad.

Alberto Acosta señala que las dos pregunta sobre la caducidad de la prisión preventiva, a más de ser una tesis socialcristiana, resultan inconstitucionales al restringir un derecho humano y una garantía constitucional. Por lo tanto, es totalmente innecesaria. “Con más jueves y más eficiencia de los operadores de justicia se enfrenta el problema”.

La Judicatura

Dos preguntas

Son la 4 y 5 del proyecto del referendo constitucional. Se propone sustituir al Consejo de la Judicatura y reemplazarlo temporalmente con una Comisión Tripartita que, a su vez, nombrará una nueva Judicatura de manera indefinida.

Los argumentos oficiales

Para el Régimen es urgente una depuración de los servidores judiciales, misión que no se habría cumplido en este proceso de transición. El Gobierno cree que el actual proceso de selección de la nueva Judicatura, a cargo del Consejo de Participación, tomará “un tiempo considerable”, con el cual se estaría afectando a la ciudadanía. El Gobierno, con las reformas de dos artículos de la Constitución, uno del Régimen de Transición y varios del Código Orgánico de la Función Judicial, pretende cambiar por completo la estructura, funciones e integración de la Judicatura.

Las críticas

Para Alberto Acosta, la Comisión Tripartita causará una suerte de violación colectiva de la Justicia, que debe ser autónoma e independiente de otros poderes y “por cierto, también de la Constitución”.

Carlos Vera insiste en que de esta manera, el Gobierno podrá tener un control directo y absoluto del Poder Judicial.

Los medios

Dos preguntas

La tercera pregunta del referendo que enmendará la Constitución busca que ni banqueros ni propietarios, directores y principales accionistas de los medios de comunicación privado tengan acciones en empresas ajenas a su actividad. Mientras que en la pregunta 2 del cuestionario de la consulta popular se plantea la creación en la Ley de Comunicación de un Consejo de Regulación de contenidos en temas de violencia, sexo, discriminación, entre otros temas.

Los argumentos oficiales

El Gobierno considera que el espíritu constitucional es que los grupos financieros y de comunicación se dediquen exclusivamente a sus actividades y que con la reforma del primer inciso del art. 312 de la Constitución y del párrafo inicial de su transitoria 29 se pretende ser más precisos en la legislación. Sobre el Consejo de Regulación, el Gobierno dice que así se mejorarán las condiciones de vida y se protegerán los derechos de las personas, que pudieran vulnerarse a través de la programación en los medios de comunicación.

Las críticas

Para Alberto Acosta son dos preguntas innecesarias. Insiste en que la Ley de Comunicación en trámite ya aborda el tema del polémico Consejo.

Lo social

Cuatro preguntas

En su proyecto de consulta popular (que no implica cambios en materia constitucional) el Gobierno pretende: considerar como delito la figura del enriquecimiento privado no justificado; prohibir desde un ámbito cantonal los juegos de azar con fines de lucro; también el prohibir los espectáculos públicos donde se maten animales y que la no afiliación al IESS sea considerada como un delito.

Los argumentos oficiales

El Gobierno en varios de estos temas apela al bienestar de la sociedad y la necesidad de que el Estado proteja a los grupos vulnerables. En cuanto a los juegos de azar, Correa excluye a la Lotería Nacional por no tener fines de lucro. Para el Gobierno, estas instituciones son las que más corrompen a la sociedad, porque incitan al dinero fácil y generan ludopatía.

Al prohibir los espectáculos públicos con muerte de animales, el Gobierno insiste en dar cumplimiento a los derechos de la naturaleza

Las críticas

Para Alberto Acosta, pese a esta consulta, el Gobierno no aplica con total firmeza los derechos de la naturaleza. Jaime Nebot cree que en el Régimen hay más preocupación porque maten a un toro o a un gallo, que a un ser humano.

LEA MÁS: Las 10 preguntas de la consulta| PDF: Carta de Correa con los argumentos detrás de la consulta

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