Aunque discrepen sobre su dimensión, sus responsables y sus soluciones, si hay algo en lo que coinciden los más diversos sectores del país es en que el combate a la inseguridad es prioritario. Se esgrimió como uno de los motivos para “meter la mano en la justicia” a través de la consulta popular, bajo el argumento de que ahí, y no en la gestión del Ejecutivo, están las mayores trabas para frenar la acción de la delincuencia.
Cuando está a punto de empezar la cuenta regresiva de 18 meses para cumplir la promesa de reorganizar la justicia con una comisión tripartita, hay signos de cómo quiere posicionarse el Gobierno frente al tema. En primer lugar, quiere distanciarse de la “debacle” de la justicia -como la calificó el Alcalde de Quito-, lo cual significa no aceptar ni la responsabilidad de AP en las reformas introducidas en estos años, ni la injerencia sobre un sistema judicial provisional y, por ende, maleable.
También, y pese a que se insisten en la independencia de la comisión tripartita, es claro que el Ministerio de Justicia, dependiente del Ejecutivo, tendrá un papel central, a juzgar por las declaraciones de su titular, quien maneja la bitácora de la reestructuración en sus mínimos detalles. De no cumplir la tarea de coordinación en el pasado, se convertiría en organismo rector.
Si se insiste en una justicia dependiente, el fracaso está asegurado, más aún si no se involucra a la sociedad en las soluciones y no se eliminan los motivos de desconfianza en la Policía, que son la principal razón para que no haya resultados en la investigación y la prevención del delito.