Si el presidente Correa ya agitó a la opinión pública con su anuncio de demandar por daño moral a los autores del libro ‘El Gran Hermano’, y exigirles el pago de USD 10 millones, la sorpresa se completó con su anuncio de enjuiciar no solo al autor de una opinión sino al director del medio que la publicó.
Su argumento es que el Directorio es responsable de la política editorial. A juicio de Correa, así establecerá un hito en la historia, pues los jueces tienen terror a los medios y “hay que hacer algo”.
Pero el ataque a los medios no es un hito ni una novedad, como pudiera pensar alguien desprevenido. El hito ya fue marcado con la descalificación a partir de generalizaciones malintencionadas y de sistemáticas injurias, de suspensión temporal de frecuencias o de abuso de ‘cadenas’ para atacar versiones molestas, entre otros arbitrios.
Hoy la estrategia va a fondo y busca inhibir más la opinión y el trabajo periodístico. La idea suena bien en tiempo de campaña, pero hay varias inconsistencias: apelar a un sistema judicial al que no da ningún crédito; aplicar a dos periodistas la misma fórmula que resultó exitosa para demandar a un banco desde su posición de Presidente; declararse víctima de un trabajo periodístico que sirvió para tomar correctivos públicos, lo cual más bien es un aporte cívico.
Lo único bueno es que se ha abierto la puerta para que las auténticas víctimas de daño moral repliquen la fórmula.