Tras la renuncia de la asambleísta Betty Carrillo, a la Presidencia de la Comisión Ocasional, quedaron pendientes por debatirse cuatro temas importantes dentro del proyecto de Ley de Comunicación. El primero de ellos supone la reconsideración del artículo 10. Este reconoce el derecho a la “búsqueda, recepción, intercambio, producción y difusión de información veraz, verificada, oportuna, contextualizada…”. Sin embargo, este artículo, que contó con el voto unánime de la bancada de Alianza País, da paso a una censura previa por parte de un medio y de un periodista. La razón: es prácticamente imposible definir, con total objetividad, las categorías conceptuales de términos como la veracidad y verificación. En ese sentido, la oposición ha recordado las alertas que han prendido organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que las ambiguedades que genera el art. 10 lesionarán la libertad de expresión en el país.El oficialismo, por su parte, se ampara en el art. 18 de la Constitución donde ya se expresan los criterios de veracidad y verificación en materia de información.Parte de los acercamientos que Alianza País, de la mano del presidente Fernando Cordero, ha tenido con la oposición es revisar este artículo y, de ser el caso, plantear textos alternativos.El segundo tema que será revisado, a pesar de su rápida aprobación la tarde del miércoles, tiene que ver con la integración del Consejo de Comunicación. El bloque gobiernista decidió que este ente de control quede integrado por dos representantes del Presidente de la República. También, por un delegado de las facultades de Comunicación del país; uno de los consejos de igualdad y tres representantes de la ciudadanía, escogidos a través del Consejo de Participación Ciudadana.La oposición insiste en que el Consejo de Comunicación tenga una presencia ciudadana en su totalidad para evitar el control a los medios desde el Gobierno. Un tercer tema es el relacionado al espectro radioeléctrico del país y la redistribución de las frecuencias para radio y televisión.La posición inicial es que esta ley establezca que el 33% de las frecuencias del espectro radioeléctrico se destine para medios de comunicación comunitarios. La reglamentación en general será definida en la Ley de Telecomunicaciones.Un cuarto tema que podría reconsiderarse es el “derecho a la protección contra la censura”. El art. 18 establece que un periodista puede ejercer acciones judiciales en contra de un medio si este, sin causa justificada, suspende la publicación de un artículo o un programa. La oposición dice que se está judicializando la relación ética y laboral entre el medio y el periodista.