Una certificación del Juzgado I de Garantías Penales del Guayas podría ser el boleto de libertad del ex asambleísta constituyente Fernando Balda.
Su defensa pidió al juez temporal, Enrique Rodríguez, que certificara cuándo fue emitida la sentencia en contra el ex constituyente, vinculado a Sociedad Patriótica. Su objetivo es comprobar que el proceso prescribió y, por lo tanto, no debe continuar detenido.
En la Secretaría del Juzgado reposan las dos carpetas de la demanda por presuntas injurias contra Balda. En hojas de papel periódico consta que el 24 de agosto del 2010 se dispuso su detención para que cumpliera con la pena de dos años en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil; donde está desde el miércoles pasado luego de su deportación desde Bogotá, Colombia.
Juan Vizueta y Pedro Granja, directivos del Colegio de Abogados del Guayas y defensores de Balda, explicaron que con esa certificación podrán pedir un amparo de libertad a la Presidencia de la Corte del Guayas. Agregaron que el documento servirá para que Rodríguez sentara la prescripción de la condena y el caso.
Vizueta cree que la detención del ex asambleísta “es totalmente ilegal” y Granja califica al ex constituyente como “un hombre secuestrado por el Estado”. Ellos alegan que la prescripción rige dos años después de que el fallo fue ejecutoriado y el caso se lo hizo en junio del 2010.
Hasta ayer no recibían una respuesta del juez. El último escrito de Rodríguez es del 11 de octubre pasado, donde remite la boleta de encarcelación de Balda a la Penitenciaría del Litoral.
El juez temporal está encargado del despacho desde hace siete meses y su acción de personal no tiene fecha límite, expresó el lunes pasado. Él llegó a ese cargo luego de que el titular, Ángel Rubio, fuera destituido tras los exámenes de la Función Judicial.
Sin embargo, ellos no son los únicos que ha manejado el proceso. El primero fue Fernando Yávar, actual vocal del Consejo de la Judicatura Transitorio, cuando era fiscal Penal del Guayas.
Según el expediente, el 22 de diciembre del 2008 Yávar conoció un petitorio de Óscar Herrera, entonces titular de la Unidad Técnica de Asesoramiento en Materia de Seguros para la Administración Pública Central (adscrita a la Presidencia). Allí pedía que el canal Ecuavisa remitiera el video de la entrevista al ex legislador, del 3 de diciembre, que le hizo el entonces el conductor Carlos Vera.
Yávar solicitó que se transcribieran las declaraciones. En la entrevista, Balda acusaba a Herrera de supuesto tráfico de influencias. Con ese documento, el titular de la Unidad demandó a Balda por presuntas injurias calumniosas y no calumniosas graves. El 12 de marzo del 2009, el juez Ángel Rubio recibió el caso.
Al año siguiente, la defensa de Balda apeló a la sentencia en su contra. Allí aparece en escena Juan Paredes, quien entonces era juez temporal I de Garantías Penales del Guayas y actualmente integra la II Sala Penal. Él concedió el recurso de apelación y remitió el expediente a segunda instancia. Sin embargo, el 10 de junio del 2010 se declaró en abandono la apelación, por lo que la causa regresó a manos de Rubio para que ejecutara la pena.