14 de November de 2011 00:04

Cuatro casos por año llegan a la CIDH, desde Ecuador, en espera de justicia

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El presidente Rafael Correa marcó su posición. Para él, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no es un organismo imparcial, está influenciado por el poder político de los Estados Unidos y su accionar responde más bien a grupos de intereses económicos poderosos.

Sus comentarios surgieron a raíz de que el organismo ha analizado la situación de la libertad de expresión en Ecuador. La CIDH ha seguido de cerca el debate político en torno a la aprobación de la Ley de Comunicación; ha cuestionado la difusión de cadenas oficial en las que Régimen “ataca” a sus contradictores; y, en el marco de las denuncias de agresiones y atropellos al libre ejercicio periodístico, mira con atención procesos penales como el instaurado por el caso El Universo.

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Debido a lo polémico de este tema, el Gobierno ha optado por minimizar el peso regional de este organismo. Pero tres expertos en derechos humanos sostienen que el Sistema Interamericano, en su conjunto, constituye la única alternativa que han encontrado cientos de víctimas cuyos derechos han sido violados.

“Lamentablemente, es la última respuesta que tienen estas víctimas, y lo digo así porque se supone que el Estado es el llamado a hacer cumplir esos derechos”, manifiesta César Duque, abogado de la Comisión Ecuménica de DD.HH. (Cedhu).

Así, en la última década, la CIDH ha admitido 44 casos ecuatorianos. Es decir un promedio de 4 casos por año. Mientras que la Corte Interamericana, el otro pilar del sistema, ha recibido 10 desde 1997.

Los casos ante la CIDH reportan varios tipos de violaciones: asesinatos extrajudiciales, desapariciones, torturas, amenazas...

Organizaciones como Cedhu y la Oficina Regional para los DD.HH. (Inredh) han presentado cerca de 80 procesos en 20 años. La mayoría, planteados por personas de estratos sociales pobres. “El Sistema Interamericano es fabuloso, porque a él puede acceder cualquier persona, sin ninguna distinción”, señala Duque.

Un ejemplo de ello es la demanda planteada por la muerte de los jóvenes Marco Z. y Javier R., ocurrida en 1991, en el Colegio Vicente Rocafuerte, de Guayaquil. El Estado nunca determinó a los responsables, pero la CIDH dio trámite al expediente en el 2007, aunque aún no se pronuncia.

Por su despacho también han pasado casos emblemáticos para el Ecuador. Entre ellos la desaparición, tortura y muerte de los hermanos Andrés y Santiago Restrepo de 1988. La gestión ante la CIDH obligó a que las autoridades ecuatorianas reconocieran en 1998 que se trató de un crimen de Estado y se convino el pago de USD 2 millones como indemnización y una nueva búsqueda de los cuerpos.

Otro caso similar fue el de Consuelo Benavides. Para evitar una sanción, el Estado ecuatoriano reconoció su culpa y acordó realizar una “investigación completa por la prisión arbitraria, torturas y muerte de esta profesora”.

Estos casos, sin embargo, no requirieron de un fallo de la Corte Interamericana de DD.HH.

La CIDH emitió, en el 2005, medidas cautelares para evitar que se atente contra la vida de los pueblos indígenas Sarayaku. Con esta acción se frenó la explotación petrolera en sus territorios.

Como el Estado obvió estas restricciones e insistió en la explotación en esa zona, el caso subió a la Corte Interamericana.

[[OBJECT]]Según Pier Pigozzi, investigador de la Universidad de Notre Dame, “si no se toman en serio los pronunciamientos de la CIDH, el Gobierno empezará a enfrentar una cascada de efectos adversos que obstaculizarán el desarrollo de su plan de gobierno”.

Con este criterio coincide el internacionalista Alejandro Ponce Villacís al aclarar que cualquier irrespeto a las conclusiones de la CIDH pueden ocasionar problemas políticos y económicos para el país, pues se señalaría al Ecuador como un estado que viola los derechos de los ciudadanos.

El Régimen desestima hoy a la CIDH, pero en el 2008, acudió ella para demandar la muerte de Franklin Aisalla, el ecuatoriano vinculado a las FARC que cayó en el bombardeo colombiano a Angostura. Los padres de Aisalla no pudieron viajar a Washington, sede de la CIDH, porque no recibieron la visa de EE.UU.

Para Pigozzi, es incomprensible el giro que ha tomado el Gobierno respecto a los dictámenes de este sistema. “Parece haber incoherencia en el Gobierno. Cuando se sancionan las violaciones cometidas en regímenes anteriores, los pronunciamientos de la CIDH son objetivos. Pero pierden objetividad si las críticas son para el presente Gobierno”.


El  Sistema Interamericano

El Sistema Interamericano está vigente desde la década de los años 70, luego de que los países del continente firmaran la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Con esto, los estados miembros de la OEA se comprometieron a precautelar  y proteger los derechos de  las personas.  El sistema se compone de dos instancias que vigilan, controlan y sancionan las violaciones a los  DD.DD.: la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana.

La Comisión tramita en primera instancias las denuncias hechas por cualquier persona, que sienta que no ha logrado obtener justicia en su país.

Los casos en los que se encuentran violaciones flagrantes a derechos, pasan a la Corte, para que emita sanciones y determine las reparaciones tanto materiales como morales que las víctimas demanden.

 La Corte ha tramitado y resuelto 10 procesos de violaciones del Estado ecuatoriano, entre 1997 y el 2011. La mayoría  ha sido por desapariciones forzadas, torturas y amenazas. Los casos que llegan al Sistema Interamericano se demoran en ser resueltos porque se recoge  las respuestas de todos los actores en el proceso judicial.

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