El concurso para seleccionar a los jueces de la Corte Constitucional, la entidad más importante del diseño institucional, está en manos de gente cercana al Régimen.
Ex asesores del presidente Rafael Correa y de altos funcionarios del Gobierno, así como personas cercanas a Alianza País, son parte de la Comisión Seleccionadora.
Ellos escogerán en dos meses a los nueve magistrados del organismo, que tiene en sus manos el control e interpretación de la Carta Magna de Montecristi.
Por esta sensible tarea, juristas y políticos consideran que la conformación de la Corte debería estar alejada de todo tipo de intereses políticos. Y que sus futuros magistrados no deberían estar vinculados a ningún poder.
“La independencia de la futura Corte Constitucional está afectada por el origen normativo”, opina el constitucionalista Gustavo Medina. Para él, no hay una independencia en el origen del organismo. Por eso, anticipa que sin esa autonomía, “no habrá eficaz administración de Justicia”.
Otra de las críticas al actual proceso es que los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Transparencia) serán juez y parte en el concurso de selección.
El motivo: las tres funciones designaron a los 27 postulantes para el concurso y también escogieron a los miembros que deberán dirigir el proceso de selección.
Esta forma de selección de los magistrados se configuró en la Constituyente de Montecristi, que fue controlada por Alianza País. La ex constituyente Betty Amores dice que ese mecanismo sería idóneo, si las funciones del Estado serían autónomas.
En el caso de los candidatos designados de la Asamblea, Amores enfatiza que “no tienen una base de legitimidad”.
Su postura se basa en que el Pleno aprobó una lista de postulantes propuesta por Alianza País, sin un consenso político. “Hay una política de estado de violación de la Constitución”, opina Amores.
El concurso para elegir a los nuevos jueces también es criticado por David Rosero y Andrea Rivera, vocales del Consejo de Participación. Ellos han alertado del hermetismo sobre el concurso y de la nula participación ciudadana dentro del proceso.
Además, sostienen que la veeduría ciudadana al concurso está debilitada, ya que debe guardar “absoluta reserva” de la información obtenida durante el proceso.
Con estos antecedentes, el ex juez constitucional Enrique Herrería afirma que -en la práctica- no habrá un concurso de méritos para llegar a la Corte, sino una “designación”.
Por ello, anticipa que la Corte Constitucional terminará siendo “un organismo apéndice de la Presidencia de la República”.
Constitucionalistas y políticos coinciden en que los ciudadanos serán los más afectados. La razón: perderán la posibilidad de reclamar los derechos, cuando sus demandas vayan en contra de los intereses del Gobierno.
En esencia, la Corte tiene tres atribuciones. Uno, puede conocer acciones extraordinarias de protección contra sentencias provenientes de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), lo que le coloca por encima de este ente.
Dos, tiene “el monopolio” de la interpretación de la Constitución, según la Carta Magna.
Tres, tiene la facultad de declarar la inconstitucionalidad de las normas jurídicas que provengan de las funciones Ejecutiva o Legislativa, así como de los actos administrativos de todas las instancias del poder público, a excepción de decisiones judiciales.
En la actualidad los miembros de la Comisión de Selección de la Corte están analizando las carpetas de los 27 postulantes.
Cinco magistrados de la actual Corte, en el concurso
Dentro de los 27 postulantes figuran cinco magistrados de la actual Corte. Todos ellos fueron propuestos por el Ejecutivo.
Se trata de Patricio Pazmiño, Roberto Bhrunis, Édgar Zárate, Ruth Seni y Manuel Viteri Olvera. Para el asambleísta Andrés Páez, su postulación es el “pago político” a ellos por las sentencias a favor del Gobierno.
Mientras que para Amores, la actual Corte ha ajustado la norma a los intereses del Gobierno.
Función Ejecutiva
Juan Cevallos Alcívar
Ex asesor de Ricardo Patiño. En julio del 2008 fue posesionado como vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en representación de Alianza País. Su inclusión se dio por una petición suscrita por el entonces ministro de la Política, Ricardo Patiño.Fue su asesor jurídico en el Ministerio del Litoral y en el Ministerio de la Política. Entre 1994 y el 2007 fue columnista de diario El Telégrafo. Es abogado por la Universidad Católica de Guayaquil.
Pamela Martínez
Ex asesora de Carondelet. Colaboró con Rafael Correa entre el 2009 y 2012. Fue su delegada en la Comisión Calificadora de Héroes y Heroínas. En febrero del 2007 fue asesora del ministro de Trabajo Antonio Gagliardo V. (padre del asambleísta Gastón Gagliardo y del fiscal del Guayas, Antonio Gagliardo). Desde septiembre de ese año trabaja en la Procuraduría como subdirectora del Departamento Laboral. Tiene estudios constitucionales.
Función Legislativa
Francisco Vergara
Ex secretario de la Constituyente. Su cercanía a Alianza País la forjó en el Ministerio de Energía, cuando en el 2007 fue asesor de Alberto Acosta. Luego fue secretario de la Constituyente. Con la salida de Acosta de Alianza País tuvo un acercamiento a Fernando Cordero. En la Asamblea Nacional fue secretario de la Comisión Legislativa y de Fiscalización. Actualmente es director del Consejo Nacional de Electricidad (Conelec).
Iveth Zapata
Ex funcionaria municipal. Ha trabajado en el Municipio de Quito en el área de Procuraduría. El asambleísta Andrés Páez (ID) sostiene que está vinculada al Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE). Según Páez, ella llegó a la Comisión Seleccionada gracias a ese partido político. Es doctora en Jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador, con un diplomado en Mediación. No tiene experiencia en Derecho Constitucional.
Función de Transparencia
Néstor Árbito Chica
Ex Ministro de Correa. Árbito fue titular de la Cartera de Justicia y Derechos Humanos, en el 2008. Dentro de este Ministerio, hasta la actualidad, tiene el cargo de Subsecretario de Coordinación Interinstitucional. En el 2010 fue asesor jurídico de la Secretaría Nacional de la Transparencia de Gestión y en el 2011 fue asesor del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. No posee especialización alguna en Derecho Constitucional.
Cynthia Guerrero
Ex asesora de Alianza País. Su trayectoria es cercana al oficialismo. El presidente Correa la propuso en una terna para ocupar la Dirección Ejecutiva de la Agencia Nacional de Tránsito. Dentro de la institución fue secretaria Nacional y directora Técnica. En la Constituyente fue asesora del asambleísta de País, Necker Franco, de la Mesa de Legislación y Fiscalización. Tiene estudios superiores en Derecho Constitucional.