Crucial elección del nuevo relator de la OEA

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Estefanía Celi R. Redactora

El próximo período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -entre el 14 y 26 de julio- concluirá con la designación de su nuevo Relator especial para la Libertad de Expresión. Quien gane ocupará ese cargo desde octubre por los siguientes tres años, con opción de quedarse otro período.

Desde diciembre pasado, la CIDH adelanta la selección del próximo relator, que reemplazará a la colombiana Catalina Botero, quien ocupa el cargo desde el 2008. De momento, seis finalistas ya fueron preseleccionados.

Entre ellos figura un ecuatoriano: Juan Pablo Albán. El jurista ha trabajado en casos de defensa de DD.HH. Por ejemplo fue abogado de Susana Cajas, Luis Vaca y Javier Jarrín, exmiembros de Alfaro Vive Carajo, quienes presuntamente fueron víctimas de tortura y desaparición forzada.

Albán, ha trabajado en la CIDH y en la Corte Interamericana, también fue abogado en las últimas semanas del periodista Diego Oquendo, quien fue acusado ante la Superintendencia de Comunicación por un supuesto "linchamiento mediático". La denuncia la puso Sandra Correa, exministra de Educación del Gobierno de Abdalá Bucaram.

"Para ser franco, yo pensé que mis oportunidades eran reducidas por el ambiente tenso entre Ecuador y el Sistema Interamericano. Sin embargo, parece que la CIDH está tratando de cambiar el perfil del puesto. Los perfiles de los finalistas son ahora más técnicos", aseguró.

La elección del Relator se da en un momento tenso en las relaciones entre la CIDH y el gobierno de Rafael Correa. En especial, después de que Ecuador decidiera desconocer las medidas cautelares otorgadas al asambleísta Cléver Jiménez y los activistas Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, sentenciados por injuriar al Presidente de la República.

En su argumentación, la CIDH señala que la sentencia que los condena por injurias es una vulneración a la libertad de expresión. En ese sentido también se pronunció la Relatoría para la Libre Expresión días antes de que la Comisión dictara esas medidas cautelares.

A través de un comunicado, Botero señaló que se ha establecido "la utilización del derecho penal para sancionar expresiones sobre funcionarios públicos es desproporcionada y vulnera por ello el derecho a la libertad de expresión".

Durante seis de los siete años que lleva Correa en el poder, Botero ha redactado informes críticos a Ecuador. Pero esos cuestionamientos no se enfocan solo en el país.

Solo en lo que va del año, ha manifestado su preocupación por la situación en al menos siete casos de distintos países como Brasil, México, Venezuela, Colombia y Honduras.

Según Albán, la Relatoría ha descuidado aristas como desarrollo de estándares sobre libertad de expresión y redes sociales e Internet. Por ello cree que la Comisión busca para el nuevo período a una persona con un perfil más técnico.

En mayo se recibirán las observaciones sobre los finalistas. Antes de la selección final serán entrevistados en Washington, en el 151 período de sesiones de la Comisión.

  • Juan Pablo Albán 

Ecuatoriano, doctor en Jurisprudencia, especializado en Derechos Humanos. Trabajó como coordinador de la Sección Regional Andina II de la CIDH entre 2009 y 2010. Es docente de la USFQ.

  • Ileana Alamilla 

Guatemalteca, es licenciada en Ciencias Jurídicas y también en Periodismo. Tiene experiencia profesional en promoción del derecho a la libertad de expresión y prensa, y de los derechos de las mujeres.

  • Édison Lanza 

Uruguayo, tiene un posgrado sobre libertad de expresión y ley penal. Fue abogado de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) y periodista en diversos medios de comunicación en ese país.

  • Damián Loreti 

Argentino, abogado y doctor en Ciencias de la Información. Trabajó como asesor Letrado del Sindicato Argentino de Televisión y como asesor de la Federación de Trabajadores de Prensa.

  • Francisco Cox

Chileno, estudió en la Escuela de Leyes de la Universidad de Columbia. Fue ganador del Human Rights Fellow. Trabaja en su país en casos penales y constitucionales y también pro bono en la CIDH.

  • David Lovatón 

Peruano, abogado y profesor universitario en Derecho Constitucional. Es profesor desde hace 21 años en la Universidad Católica del Perú, y forma parte de la ONG Instituto de Defensa Legal.

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