25 de May de 2011 00:04

Cruce de argumentos por el conflicto minero en Esmeraldas

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Jesús Constantino, presidente de la Asociación de Pequeños Mineros del Norte de Esmeraldas, dijo que (el Régimen) autorizó destruir la propiedad privada en relación al operativo militar en San Lorenzo.

El Gobierno justificó el uso de la fuerza para frenar la actividad minera, a la que cataloga de ilegal, en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro. Y porque la justicia no ha actuado eficazmente.

El ministro coordinador de Seguridad, Homero Arellano, dijo en el canal Ecuavisa que detrás de la explotación ilícita hay grandes fortunas que están engañando a la gente humilde del sector. En cambio, el ministro de Defensa, Xavier Ponce, en una entrevista con diario Expreso, indicó que hay sospechas de la vinculación de la actividad con bandas paramilitares o de sicariato.

Ha habido varias intentos por frenar esta actividad. En diciembre del año pasado, las autoridades hicieron un operativo y se retuvieron cinco retroexcavadoras, las cuales fueron devueltas.

El actual operativo es analizado desde el punto de vista jurídico y de derechos humanos.

El presidente de la Federación de Judiciales del Ecuador, Ángel Rubio, dijo: “Debemos acostumbrarnos a entender que estamos en un Estado de derecho y el criterio de un juez tiene que respetarse”. Si no se está de acuerdo con un fallo judicial se puede impugnar, pero jamás desconocerla o deslegitimarla con el argumento de que hay corrupción, dijo.

Para Félix Preciado, jurista esmeraldeño, el sistema judicial en el Ecuador es cuestionado. “Yo diría que es corrupto. De tal manera que la paternidad de la corrupción no está en Esmeraldas. La crisis del sistema judicial está en el control que la politiquería ha ejercido sobre la justicia”.

Sostuvo que la utilización de la fuerza responde al derecho legítimo que tiene el Estado de recuperar la autoridad perdida. “Pero eso ocurrió porque el Estado desatendió sus obligaciones, como obras básicas, que han padecido los habitantes por centurias”.

Según Elsie Monge, directora ejecutiva de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, “si bien se puede considerar ilegal a la actividad no había necesidad de destruir. Se violó el derecho a la integridad de las personas”.

Para el asambleísta Marco Murillo, presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, la destrucción de maquinaria viola normas constitucionales y legales. “La destrucción de bienes por más que busque detener una actividad ilegal, como la explotación minera, no se justifica bajo ningún punto de vista. Lo que debió hacerse era retener o incautar las retroexcavadoras y no destruirla haciendo uso indiscriminado de la fuerza militar”.

Murillo dijo que esa acción crea un funesto precedente, porque a futuro, el Gobierno, a través de la fuerza pública, pueden destruir otros bienes a pretexto de que la justicia no actúa o es corrupta.

Murillo dijo que la Comisión que preside iniciará hoy una investigación y no descartó plantear un juicio político contra los ministros Ponce y Arellano.

El presidente de la Corporación de los Derechos Humanos en Esmeraldas, Luis López, manifestó que con el desalojo el Gobierno recién aplica lo que debió hacer hace mucho tiempo. “No quedaba otra manera de que se retiraran de allí. Pero el Estado fue irresponsable al no manejar a tiempo la invasión minera en San Lorenzo y Eloy Alfaro”.

También dijo que no se puede felicitar al Gobierno por la bélica intervención, porque ha cometido un perjuicio a pequeños artesanos que viven de un salario.

Pantoja aseguró que el tema fue denunciado al Ministerio de Justicia y de Recursos No Renovables hace más de dos años, pero no se prestó atención.

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