La demanda del presidente Rafael Correa en contra de Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita es el primer proceso judicial que instaura en contra de periodistas. A pesar de que la figura de “daño moral” ya ha sido utilizada por el Primer Mandatario, nunca había sido en contra de comunicadores.
El 28 de febrero pasado, Correa presentó la querella contra Calderón y Zurita para exigir una “reparación de daño moral” de USD 10 millones, por el contenido del libro ‘El Gran Hermano’ que publicaron los dos reporteros. Esta obra recopiló la investigación que realizó diario Expreso en junio del 2009, en la cual se develó los contratos que las empresas vinculadas con el hermano del Presidente, Fabricio Correa, mantuvieron con el Estado.
El Jefe de Estado, en su denuncia, dice que el libro relata “la supuesta pasión de la familia Correa-Delgado por el poder, buscando desprestigiar mi buen nombre y reputación forjada a lo largo de mi vida, en base a un arduo trabajo y dedicación”.
Según el Mandatario, en el texto se afirma que conocía que su hermano había firmado contratos con el Estado, pero él lo ha desmentido. Incluso aclaró que apenas se enteró de los convenios dispuso la terminación unilateral.
Sin embargo, los autores del libro aclararon que en ninguna de las 460 páginas se asegura que el Presidente estaba al tanto de ello, solamente se “explicó el crecimiento que tuvieron las empresas” vinculadas a Fabricio Correa.
Este caso, para varios analistas, significa una violación a la libertad de expresión. “Él cree que en el libro se dicen cosas que no son ciertas pero los ciudadanos tenemos derecho a investigar y saber qué hacen los funcionarios públicos”, explicó el analista político Teodoro Bustamante.
Asimismo, el director de Fundamedios, César Ricaurte, cree que el objetivo del Régimen es atemorizar a los periodistas, para frenar su trabajo. “Estamos observando una peligrosa escala de criminalización del ejercicio periodístico. Lo que se quiere al exigir USD 10 millones (USD 5 millones cada uno) es silenciar a los periodistas, aniquilarlos económica y profesionalmente”.
Para el asambleísta de oposición, Jimmy Pinoargote, el Presidente y todo funcionario público tiene la posibilidad de entablar un juicio si se siente agraviado. Sin embargo, cree que en este caso solamente se trata de una persecución en contra de los periodistas que denunciaron los contratos de Fabricio Correa.“La suma que pide es una exageración”.
Esta no es la primera vez que el Mandatario exige una reparación por supuesto daño moral. En el 2010 ganó una demanda en contra del Banco Pichincha, porque le quiso cobrar una deuda que no existía, según el fallo judicial. Correa pidió USD 5 millones de indemnización, pero se redujo a USD 300 000.
Asimismo, el Presidente enjuició a Miguel Palacios, titular de la Junta Cívica de Guayaquil. Esta vez, fueron 20 quejas por USD 20 millones cada una, porque supuestamente difundió artículos en Internet que injuriaban al Jefe de Estado. Pero Palacios aclaró que al presentar las denuncias, Correa busca tapar las críticas en su contra. “Son argumentos que emplea para no contestar lo que debe”.