El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) culminará el próximo mes con la elección de las nuevas autoridades de las entidades de control. Esto se dará luego de que las comisiones ciudadanas de selección nombren a los titulares de la Contraloría General, Defensoría Pública y a los vocales del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
De ese modo, culminarán con la labor que les fue encomendada en la Constitución y se pasará de un estado de transición, donde las instituciones tendrán autoridades elegidas de acuerdo con la ley, mediante concursos públicos de méritos y oposición.
En total, el Consejo impulsó seis concursos públicos de los cuales ya fueron designadas 12 autoridades. Se trata de los titulares de la Fiscalía General, Defensoría de Pueblo y los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE).
En todos estos procesos existió un factor común: cuestionamientos por un supuesto favoritismo hacia postulantes identificados como cercanos al Régimen. De hecho, al hacer una radiografía de las hojas de vida las autoridades electas (ver fichas), queda en evidencia esa cercanía al Ejecutivo.
Otro rasgo común es que, pese a las críticas, las impugnaciones ciudadanas y las denuncias de veedores y propios concursantes, el resultado final de los procesos no cambiaron de rumbo.
Por ejemplo, el concurso para Fiscal General recibió cuestionamientos por la cercanía de Galo Chiriboga con el presidente Correa. En cambio, el aspirante a Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, tuvo 28 impugnaciones pero ninguna pasó. En el caso de los vocales del CNE las impugnaciones no fueron aceptadas y su posesión se adelantó un mes. Y para finalizar, Carlos Pólit, actual Contralor, obtuvo un puntaje perfecto (100/100), una cifra que para la oposición es sospechosa.
Pese a los constantes cuestionamientos las principales autoridades del Consejo de Participación no han cambiado su discurso e insisten en que los procesos han sido transparentes. “Cuando las críticas fortalecen los procesos son bienvenidas, pero las que pretendan regresar al pasando no”, dice su presidenta, Marcela Miranda.
En este marco, una de las gestoras del modelo de participación ciudadana, Manuela Gallegos, sostiene que la actuación del Consejo no ha sido objetiva. “Ha utilizado el discurso de la participación ciudadana para reforzar la visión del Ejecutivo”. Afirma estar decepcionada debido a que un proceso que se presentaba como nuevo supuestamente repitió los “vicios del pasado”.
El Consejo deberá posesionar hasta abril a 12 autoridades más para completar su misión. Se trata los 10 vocales del Tribunal Electoral, de quienes dependerá las sanciones en los comicios, además de los titulares de la Defensoría Pública y de la Contraloría.
En estos dos procesos participan funcionarios que son titulares de esas dependencias. Se trata de Patricio Pazmiño y Carlos Pólit. De ser ratificados estarán cerca de una década en el poder. Para la oposición, esto demostrará que los concursos no fueron independientes del Gobierno..
Los elegidos mediante ternas
Procurador. Fue elegido Diego García, quien fue procurador en el período de Transición y el Presidente pidió su reelección.
Superintendente de Compañías. Suad Manssur fue escogida. Alexis Mera la acompañó en la audiencia pública de su impugnación.
Superintendente de Bancos. El presidente Correa ubicó primero en la terna a Pedro Solines, quien ganó sin impugnaciones.
Superintendente de Telecomunicaciones. En la terna presidencial Fabián Jaramillo fue ratificado en ese cargo.
Están pendientes. Las designaciones del Superintendente de Economía Popular y Solidaria y el Superintendente del Control del Poder del
Mercado. También el proceso para designar a los nueve jueces de la Corte Constitucional.