Ayer se presentó el informe anual de la organización Human Rights Watch (HRW). Este documento recoge avances y retrocesos de distintos países en materia de DD.HH.
En el caso ecuatoriano, HRW toca nueve puntos, de los cuales siete son cuestionamientos al Régimen.
Estos tienen que ver con la libertad de expresión y la expedición de la Ley de Comunicación “que contiene disposiciones imprecisas que posibilitan procesos penales arbitrarios y actos de censura”. HRW cuestiona a la Superintendencia de la Información y la figura del linchamiento mediático.
Esta organización insiste en que el Gobierno “emplea el derecho penal sobre difamación para perseguir a críticos”. El caso más reciente es el juicio contra Cléver Jiménez. Los cuestionamientos al proceso de selección de los jueces de la Corte Nacional, las acusaciones penales “desproporcionadas” contra manifestantes y defensores de los DD.HH. están entre los puntos negativos. También, el hecho de que la Asamblea no despenalizara el aborto en casos de violación, las reformas en materia de refugiados y las críticas del Ecuador a la Comisión Interamericana de DD.HH.
HRW saluda la expedición de la Ley de Víctimas 1984-2008 y lamenta la existencia de clínicas clandestinas para “curar la homosexualidad”.