10 de December de 2012 00:01

Críticas casa adentro por lucha anticorrupción

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La lucha contra la corrupción celebró ayer su Día Mundial, pero en el país es una de las falencias del actual sistema de Gobierno. Esto, a pesar de que actualmente existen más instituciones del Estado encargadas de controlar y sancionar los hechos de corrupción.

Precisamente esa fue la crítica que David Rosero y Andrea Rivera, vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hicieron al organismo que integran. Según los consejeros, se ha incumplido con las funciones para las que fue conformado.

Entre las obligaciones que la Carta Magna ha establecido para el Consejo están las de “investigar denuncias sobre actos u omisiones que afecten a la participación ciudadana o generen corrupción”; así como emitir informes con los indicios de responsabilidad, en caso de que existan.

[[OBJECT]]Sin embargo, para Rosero este tema ha quedado abandonado, luego de que la anterior secretaria técnica de Transparencia, Lucy Blacio, renunciara para ser magistrada de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

La Dirección Nacional de Investigación del Consejo ha tramitado 211 denuncias recibidas entre el 2001 y marzo del 2012. De ellas, 102 no fueron admitidas y 46 se archivaron. Pero aún no se ha resuelto ninguna causa.

Además, el Consejo heredó denuncias que tenía la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) y la Secretaría Nacional Anticorrupción (SNA). De 407 causas de estas entidades, el Consejo de Participación Ciudadana aprobó 89 expedientes.

No obstante, su trabajo en este aspecto no se ha acercado al que hacía la CCCC. En 11 años de trabajo, la ex Comisión Anticorrupción despachó cerca de 4 600 procesos; de ellos casi 600 fueron penales. Entre estos estaban denuncias de supuesto peculado en contra de ex banqueros y ex presidentes, por la crisis financiera de 1999. Algunos de los casos incluso terminaron en sentencias.

“Es necesario fortalecer el área de investigación con un mayor número de servidores altamente preparados; capacitar en aspectos específicos en materia de investigación, metodologías, protocolos de custodia de la información, entre otros aspectos, a quienes deben realizar esta tarea, con la finalidad de dar respuestas ágiles a la ciudadanía que exige celeridad al Consejo cuando su denuncia es colocada en la Institución”, señaló el consejero Rosero.

Sin embargo, para las autoridades del organismo el trabajo realizado hasta el momento demuestra los logros alcanzados en el combate a la corrupción.

Según Mónica Vanegas, presidenta encargada del Consejo, en este mandato se ha logrado aglutinar los esfuerzos de 15 instituciones del Estado para la lucha contra la corrupción.

No obstante, la percepción de corrupción en el país ha crecido. Según la organización Transparencia Internacional, el Ecuador se ubica entre los países más corruptos del mundo. Ocupa el puesto 118 de 165.

Esta no es la primera vez que el país ocupa los peores lugares de América Latina y del mundo. El año anterior se ubicó en el casillero 120 de 182.

Pero el Gobierno defiende su trabajo y minimizó nuevamente el reporte de Transparencia Internacional, con el argumento de que se trata únicamente de una percepción y que no cuentan con parámetros técnicos para medir los niveles de corrupción.

Sin embargo, Jorge Rodríguez, ex vocal de la CCCC, aseguró que en este Gobierno se ha hecho menos por combatir la corrupción gubernamental. “La obligación legal del Consejo de Participación es promover e incentivar el ejercicio de la participación ciudadana y del control social. Sin embargo, su accionar ha servido por el contrario, para imponer un filtro a esos derechos ciudadanos”, cuestionó.

Las críticas que se han presentado también se han centrado en las autoridades que el Consejo ha designado, por su cercanía con el Gobierno. Hasta ahora el organismo ha ejecutado 11 concursos para integrar los entes de control.

Más datos
La semana pasada,  la Función de Transparencia  organizó un seminario sobre los logros alcanzados en el combate a la corrupción. Allí participaron 15 organizaciones  públicas y privadas.

“Consideramos  que más allá de los eventos internacionales o nacionales que se realicen, lo importante es posicionar al Consejo como una institución eficiente y efectiva en cuanto a la investigación de posibles actos de corrupción”, señalaron los  vocales Andrea Rivera y David Rosero.

El año pasado,  el presidente Rafael Correa  manifestó que en el 2006, el 86% de la población encuestada  en el país tuvo la percepción de que el Ecuador era corrupto. En el 2008 esta apreciación descendió  y en el 2010 se registró en  un 74%”.

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