3 de November de 2012 00:19

La criminalización de la protesta social llegó a la CIDH

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Ayer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió a un grupo de defensores de derechos humanos y representantes de organizaciones sociales ecuatorianas. Ellos pidieron al organismo internacional que intervenga para frenar lo que consideran una criminalización de la protesta social.

Durante un poco más de una hora, representantes de Acción Ecológica, de Pachamama, de la Ecuarunari, Inredh y de las juntas de Agua, presentaron sus denuncias, sobre los procesos judiciales que el Estado ha iniciado en contra de dirigentes, quienes han protestado contra la Ley de Aguas, la minería a gran escala y la explotación petrolera.

La primera en intervenir fue Alexandra Almeida de Acción Ecológica. Según ella, el Gobierno ha iniciado una persecución en su contra, que tiene como único fin el cierre de la organización. Por ello, el grupo presentó hace unos meses una solicitud para que se dicten medidas cautelares a favor de Acción Ecológica.

Asimismo, Carlos Pérez, del Sistema de Juntas de Agua de las parroquias Victoria y Portete, en Azuay, presentó su caso. Él dijo que fue condenado a un año de prisión por la protesta que otras personas hicieron en contra de la Ley de Aguas. “Los mismos jueces vieron que yo no era un peligro para la sociedad y que yo era un dirigente social y me bajaron la pena a ocho días de prisión”, explicó Pérez a la Comisión.

Según David Cordero, director de Inredh, Pérez fue sentenciado por una protesta en la que él no participó, pero “por ser dirigente lo condenaron”. El hombre primero fue procesado por sabotaje y terrorismo y luego la figura penal cambió a interrupción de la circulación, explicó Cordero.

Después de la exposición inicial, los delegados del Gobierno ecuatoriano explicaron que en el país no se ha criminalizado la protesta social. Según la subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, María del Carmen Jácome, los procesos judiciales se iniciaron en contra de determinadas personas porque violaron los derechos de otros, al haber bloqueado vías o haber cometido actos vandálicos.

“No se ha detenido a nadie por protestar”, concluyó.

Luego presentaron un video de cómo se permitió que se realice la marcha indígena y la contramarcha del 22 de marzo pasado. A esto, lo acompañó un video de una cadena nacional en la que se desmiente que se criminalice la protesta social y se aclara que no hay ningún juicio por este tema.

La delegación ecuatoriana, antes de concluir, invitó a la CIDH a visitar el país, para que constaten la situación de los DD.HH.

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