21 de June de 2011 15:40

CPJ: Gobierno de Ecuador "cada vez más intolerante" con medios críticos

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El gobierno de Rafael Correa es cada vez "más intolerante" con los medios de comunicación que emiten críticas contra su ejecutivo, afirmó hoy el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) en Washington, que criticó el uso del derecho penal en Ecuador para atacar a la prensa.

Ecuador tiene "un gobierno que se muestra cada vez más intolerante, que actúa utilizando distintos recursos para emprender contra sus críticos, usando el derecho penal", denunció el coordinador del programa de las Américas del CPJ, Carlos Lauría, durante una conversación sobre la libertad de prensa en América Latina en el centro de pensamiento Diálogo Interamericano.

En este sentido, recordó el proceso que Correa ha iniciado contra el diario "El Universo", el de mayor circulación nacional, por un editorial de comienzos de año en el que se afirmó que durante la revuelta policial del año pasado dispuso que las Fuerzas Armadas "debían disparar a discreción a un hospital lleno de civiles sin previo aviso".

El mandatario calificó de "acusación gravísima" la columna e interpuso una demanda por 80 millones de dólares y tres años de prisión a los directivos y el editorialista autor del artículo. También la relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero, dijo que su organismo está "especialmente preocupado" con Ecuador y el uso del derecho penal que realiza para silenciar las críticas.

"El presidente ha utilizado las normas que el propio gobierno había decidido reformar desde hace dos años, ha utilizado esas normas para procesar a personas que han hecho columnas de opinión en su contra y que el presidente considera injustas", dijo Botero.

"Pueden o no serlo, pero están dentro del ámbito de la libertad de expresión de quien las formulan", subrayó Botero, quien también destacó las demandas oficiales contra "personas que han hecho investigaciones por ejemplo sobre los contratos del hermano del presidente".

"Y además acompaña esas denuncias penales con millonarias demandas civiles", lamentó la relatora.

Lauría entretanto alertó también de otras dos "amenazas" que, dijo, se ciernen sobre la libertad de prensa y expresión en Ecuador tras la aprobación del referendum celebrado en mayo. Según Lauría, la creación del Consejo de Regulación para los medios que incluía la consulta popular contiene un lenguaje "muy vago y ambiguo" que, destacó, según periodistas ecuatorianos "abriría la puerta para la censura del gobierno".

Asimismo, continuó, la aprobación de una prohibición para que medios de comunicación, directores y accionistas puedan tener acciones en otras empresas que no sean periodísticas "va dirigido a debilitar la estructura financiera de los medios".

El proyecto de ley de comunicación está siendo debatido estos momentos en la Asamblea Nacional de Ecuador.

Su presidente, Fernando Cordero, afirmó el lunes que no invitará a Botero para que participe en las discusiones, tal como había solicitado la comisión legislativa que tramita a ley sobre una iniciativa de asambleístas de oposición al gobierno.

"No creo que necesitemos refuerzos, no creo que debamos pedir consejos a nadie", dijo Cordero, aclarando que no se trata de una postura de "orgullo ni vanidad", sino que simplemente, "estamos haciendo lo que está en la Constitución". La relatora de la CIDH minimizó hoy el rechazo a su visita afirmando que el organismo puede participar "de distintas maneras" incluso si no se hace presente en Quito.

"Hemos mandado varias cartas a la Asamblea de Ecuador y hemos tenido un diálogo muy fluido, una buena interlocución tanto con personas del gobierno como de la oposición en la Asamblea", afirmó Botero.

"Lo que esperamos es que nuestros argumentos, que pusimos en las cartas enviadas y las conversaciones, se tengan en cuenta en el momento del debate", agregó. Aun así, la relatora aseguró su disposición a visitar Ecuador si las autoridades cambian de opinión. "Hasta ahora no hemos recibido una invitación oficial, pero por supuesto que cualquier invitación oficial de cualquier Estado para que participemos en un debate, eso va a ser parte del mandato de la Relatoría", señaló.

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