Casi al final de la sesión del pleno del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) se presentó la veeduría que analiza los contratos que las empresas vinculadas a Fabricio Correa, hermano del Presidente de la República, firmaron con el Estado.
En comisión general fueron recibidos sus integrantes: Jacqueline Estupiñán, Diego Jaramillo y Pablo Chambers. Piden la destitución de los superintendentes de Bancos, Compañías y del titular de la Corporación Financiera Nacional.
La razón: no han atendido los pedidos que la veeduría, desde hace nueve meses, ha presentado para aclarar el caso Correa. “Ni en la Defensoría del Pueblo nos ayudan. Por eso pedimos, como ciudadanos, la destitución de los tres funcionarios”, dijo Chambers.
La veeduría espera que estas instituciones presenten los documentos requeridos para emitir un pronunciamiento.
El anuncio de la terminación unilateral de los contratos vinculados a Fabricio Correa se hizo oficial el 22 de julio del año anterior. Un mes más tarde, la veeduría empezó a trabajar. Por eso Chambers se quejó, ante los vocales del Consejo, de que nueve meses más tarde estas tres entidades no hayan dado paso a sus requerimientos.
La presidenta del Cpccs, Marcela Miranda, dijo que analizarán sus pedidos pero no habló de plazos. Los veedores deberán demostrar si hubo o no tráfico de influencias en la adjudicación de contratos al hermano del presidente Rafael Correa. También si hubo irregularidades en los contratos y si existe o no un perjuicio económico al Estado.