Un alto costo político que no se justificaba en una baja recaudación. Ese fue el análisis decisivo en el seno del Gobierno que condujo al presidente Rafael Correa a poner reversa en su plan para que la gente tribute por las fundas plásticas.
Luego de que el lunes al mediodía la medida fuera ratificada, en rueda de prensa, por el Servicio de Rentas Internas (SRI) y los ministerios de la Producción, Ambiente, Política Económica, Finanzas y Salud, en horas de la noche el escenario cambió.
El Presidente y su equipo analizaron con detenimiento las implicaciones de este impuesto, en el que se había concentrado la mayoría de críticas.
Para entonces, el Ejecutivo tenía dos puntos en claro alrededor de este impuesto ambiental.
Uno, que solo generaría USD 3,5 millones, que representaba el 1% de los USD 349 millones que se aspiraba a recaudar para enfocarlo en la salud.
Dos, que operativamente resultaría complicado organizar la estructura estatal para recaudar los 10 centavos por cada bolsa.
Sin embargo, hasta ese momento, el Gobierno no tenía una pista clara de cuál sería el impacto de esa imposición. El esclarecimiento a esa interrogante que había en las altas esferas del Gobierno llegó de la mano de un rápido estudio de opinión ciudadana. Una fuente de la Casa Presidencial señala que ese estudio revelaba que esa medida no era la más conveniente para el Gobierno.
Con ese nuevo elemento de análisis, la decisión final fue tomada: abolir el impuesto para las bolsas plásticas que tienen alta demanda de las capas medias y altas en los supermercados.
Ya con la certeza de que esa medida no tenía futuro, la ministra Nathalie Cely empezó a difundir la noticia sin recurrir a los medios formales, sino a través de redes sociales (ver compartida).
Al día siguiente, el martes, en pleno recorrido de obras en Guayaquil, el presidente Correa confirmó la noticia. Sin embargo, en su intervención el Mandatario obvió explicar que el desgaste político que acarreaba esta medida fue clave para la decisión.
Se limitó en explicar los dos primeros factores: una pequeña recaudación no justificaba operativos complicados.
“Lo que se iba a recaudar por las fundas eran USD 3.5 millones. ¿Ustedes creen que eso tiene objetivo fiscalista, como dice cierta prensa? Absurdo. Es para evitar ese despilfarro, pero operativamente va a ser muy costoso manejar ese impuesto, así que ha sido desechado y vamos a buscar otras alternativas”. Esa fue la breve respuesta que Correa ensayó, mientras portaba un casco de protección blanco y un chaleco reflectivo en el edificio donde funcionaba la Subsecretaría del Litoral del Ministerio de Agricultura.
Al consultor Santiago Nieto, de Informe Confidencial, no le sorprende que el Gobierno haya dado reversa en la medida. Entre otras razones, porque el debate se había instalado en cómo el incremento de las bolsas plásticas afectaría a las capas medias de las grandes ciudades.
“El Gobierno ha lanzado bombas de humo para ver cómo reacciona (la población)”.
De hecho, empresas como Publifundas, habían anunciado que el aumento de 10 centavos de los bolsos tendrían que trasladarlo al consumidor.
Y aunque aún no está en vigencia el paquete tributario -que sí incluirá a las botellas plásticas- ya se ha registrado un alza en precios de productos vinculados. De ahí que el Ejecutivo ha encendido sus alarmas y, a través del Ministerio del Interior, ha organizado operativos para evitar la especulación.
Para el consultor, en la memoria del Régimen está fresco el recuerdo de la consulta del 7 de mayo, donde en urbes como Quito el Sí fue superado por el conjunto de votos nulos, blancos y por el No. “Veamos cómo reacciona ahora”.
Los pasos de la reforma
La reforma tributaria fue anunciada por Rafael Correa en su primer enlace del 2011, al anunciar la emergencia para el sector de la salud.
Sin embargo, con la llegada de la campaña por la consulta popular, el tema tributario salió de la agenda del Gobierno.
Solo una vez que terminó el proceso electoral, el Gobierno retomó su reforma tributaria. Para entonces, el Ministerio de Salud ya había gastado más de USD 120 millones.
Para consolidar su proyecto los asambleístas de Alianza País recibieron un taller sobre los impuestos. Pero este encuentro fue antes de las reformas del lunes.