9 de November de 2011 00:02

Los ‘corruptos’ se multiplican

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Detrás del despido a miles de empleados públicos el Gobierno ha dejado flotando la acusación de que éstos actuaron de modo corrupto, negligente o ineficiente en sus cargos, todo esto con base en una investigación de inteligencia policial que, dentro de la normativa ecuatoriana, no reemplaza de ninguna manera el debido proceso.

Un modo de refrendar ilegalidades que empezaron con un decreto que, inconstitucionalmente, reforma una ley para permitir la compra de renuncias “obligatorias” a los servidores públicos. Es más que una mera cuestión de semántica.

Tras esta acción no solo hay una actitud de prepotencia, falta de diálogo e incoherencia con el discurso de estabilidad laboral que ha defendido el Gobierno. Una vez que la tesis del relevo generacional no funcionó, se acude al conocido patrón de la descalificación.

Tanto el Presidente de la República como la Ministra Coordinadora de la Política y el Ministro de Relaciones Laborales defienden una investigación de inteligencia policial como el gran argumento para las salidas de los empleados, cuando es claro que en cualquier sistema de derechos no se puede declarar corrupto o negligente a nadie sino hasta cuando se lo demuestre a través del sistema judicial.

Por lo demás, si se tratara de personas corruptas -algo que contradicen los testimonios de destacados profesionales y de quienes los conocen- no sería aceptable que el Gobierno les entregara indemnizaciones como premio. Un empleado que trabajó 20 años puede recibir hasta USD 39 600.

Adicionalmente, es bastante difícil entender que junto a la acusación de corrupción el Gobierno defienda un proceso técnico para los relevos.

No es difícil imaginar qué calificativo emplearía el Gobierno para referirse a algún empleador privado que aplicara con sus dependientes una sola, o peor todavía, todas las acciones que él ha usado en contra de empleados públicos. Si no de “corrupto”, por lo menos lo acusaría de “doble moral”…

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