19 de March de 2012 00:01

Correa se gana a las FF.AA. con recursos y más tareas

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La promesa de la renovación de la doctrina política de las Fuerzas Armadas aún no ha sido cumplida por el Gobierno durante su mandato. Para mantener una relación estrecha con el Alto Mando Militar, el Ejecutivo ha optado por el camino más fácil: responder a sus pedidos tecnológicos, humanos y económicos, con la asignación de millonarios recursos.

El 2007, el Gobierno trazó una política clara de Defensa: la sumisión de las FF.AA. al poder civil. Pero la insubordinación del 30 de septiembre del 2010, demostró que todavía los miliares se sienten garantes de la democracia; el Régimen lo comprendió en silencio.

Así, dentro del presupuesto de este año para Defensa, que alcanza los USD 1 648 millones, el mayor gasto (USD 1 069 millones) se destinará para el pago de remuneraciones, según las cifras aprobadas por la Asamblea.

Apenas USD 158,8 millones serán entregados para cubrir gastos de inversiones de arrastre de años pasados por el plan de recuperación de la capacidad operativa militar, según sostuvo el ministro de Defensa, Xavier Ponce.

El 2011, el panorama fue similar. El presupuesto para Defensa fue de USD 1 699 millones y de ellos, 250 fueron entregados para la adquisición de equipos y materiales. Y cerca de USD 1 200 millones se destinaron para el pago de las remuneraciones y compensaciones para el personal.

“Todos los gobiernos, incluyendo este, han querido mantener a los militares a favor. Uno de los grandes temores del país es que las FF.AA. propicien un golpe de Estado. Quieren mantenerlas contentas: dándoles concesiones de diverso tono y alcance”, explicó Bertha García, experta en temas de defensa.

Estas concesiones se han evidenciado en las últimas mejoras salariales y de pensiones jubilares, en el pago de las compensaciones por años de servicio (antes conocidas como condecoraciones) y el reconocimiento de las horas extras de trabajo. Además, el Ejecutivo ha dotado de cientos de viviendas fiscales para oficiales y voluntarios ubicados en las zonas fronterizas.

Algunos militares aseguraron que estos “beneficios” han sido un reconocimiento al trabajo realizado y a cubrir la deuda de anteriores gobiernos.

Este tema incluso se volvió prioritario para el presidente Rafael Correa. En febrero pasado recorrió los destacamentos de la frontera norte y ofreció solucionar las demandas pendientes. En esa visita también estuvo Homero Arellano, ministro de Seguridad Interna y Externa. “Hemos hablado con los soldados para ver lo que ocurre y cuáles son sus necesidades (...). Pero en lo absoluto los soldados están dispuestos a dejar que se los manipule, y que con correos se piense que se puede dañar la imagen”, expresó.

Se refería a los supuestos planes de desestabilización en contra del Gobierno. Según denunció el Jefe de Estado, se estaba gestando el ‘Plan Revancha’, que presuntamente buscaba generar malestar en las FF.AA. para provocar un suceso similar al del 30-S.

Esto encendió nuevamente las alertas en el Gobierno. Por eso, en los encuentros que ha mantenido con los distintos grupos de las FF.AA., Correa ha buscado la ratificación de su respaldo. Esto sucedió a mediados de febrero, en el Palacio de Carondelet, cuando el Jefe de Estado les “agradeció su lealtad”, ante los presuntos planes de desestabilizarlo.

Según García, este tipo de discurso demuestra “el poder militar y el poco conocimiento que, como fuerzas políticas nuevas, tiene el Gobierno. Es imposible el cambio doctrinario de las FF.AA. Se ha reafirmado la doctrina de la Guerra Fría, de creer que la seguridad en su conjunto es su rol”.

Esta doctrina le atribuye a los uniformados la facultad de intervenir en la seguridad ciudadana del país, a cargo de la Policía, por mandato constitucional.

“Las Fuerzas Armadas, al no haber conflictos extraterritoriales latentes, necesitan otro eje para mantener su poder: la lucha contra el crimen organizado y delincuencial”, explicó García.

Pero lejos de fortalecerlo, este ha sido uno de los talones de Aquiles del Régimen. Ese es el punto de vista del catedrático y ex coronel del Ejército, Guillermo Benalcázar. “Necesitaban tomar los recursos disponibles, y que se vea que el Ejecutivo trabaja por mejorar la seguridad. Y esos recursos son las FF.AA.”, explicó

Según la evaluación del 2011, realizada por la encuestadora Cedatos, el 31% de la población consideró que la inseguridad era el mayor problema del país. En 2007, la cifra era de 17%.

El 27 de febrero pasado, durante el Día del Ejército, el Régimen confió a los uniformados el control de la inseguridad. Arellano, ex comandante de la Armada, pidió a las filas castrenses que asumieran la lucha en contra del crimen organizado. Esta visión aparece en la Ley de Seguridad Pública, que incluso devuelve a los uniformados la facultad de ser garantes del sistema democrático.

“Las FF.AA. tienen un papel protagónico, no solo en la defensa de la integridad territorial y su soberanía, sino en la construcción de un nuevo concepto de seguridad integral...”, sostuvo Arellano.

Los militares, luego del 30-S, asumieron algunos roles de la Policía. Entre ellos, brindar la seguridad a la Asamblea Nacional y realizar operativos de control antidelincuencial. Sin embargo, esto ha sido cuestionado por las organizaciones de derechos humanos y por constitucionalistas.

“El problema es que el Gobierno se ha preocupado por alterar las funciones de los militares, pero no de cambiar su doctrina. La formación es la misma, los equipos son los mismos: todo enfocado a la guerra”, contó Benalcázar.

García refuerza esta idea. Asegura que con la salida de los uniformados a las calles “se militariza a la sociedad”.

No obstante, el martes pasado, el ministro Ponce, durante la rendición de cuentas del sector de Seguridad, señaló que el Régimen trabaja ya en una nueva doctrina de seguridad del Estado, que trata de volver a los orígenes: alejado de la política de la guerra fría. “Se han dado pasos importantes, se creó una nueva Ley de Seguridad, que centra su atención en el ser humano. Se cambia las hipótesis de conflicto para buscar escenarios de paz”.

Esta doctrina estará lista en los próximos meses. Ha sido trabajada en conjunto entre las autoridades militares y civiles.

Pero García teme que esta nueva hoja de ruta solamente refuerce la idea de que los uniformados se encarguen de la seguridad interior, pues la cabeza del sector es un militar retirado (Arellano).

“Ningún Gobierno, ni este que tiene respaldo popular, ha podido cambiar la doctrina de las FF.AA. Esas funciones politizaron a los militares, al hacerles sentir como una fuerza institucional, incluso más importante que el propio sistema político”, concluyó García.

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