Hacerse de dinero por obra y gracia de una decisión judicial que luce fraudulenta es algo insoportable para un ciudadano con un mínimo sentido de la honestidad y de la decencia.
Para un funcionario público aquello sería inadmisible, además, porque implica corrupción y la negación total de todo valor que el ejercicio público acarrea.
Lo que está ocurriendo ahora con la sentencia en contra de El Universo y de Emilio Palacio hace que esta reflexión sea pertinente.
Desde el día que el juez Juan Paredes anunció la condena a tres años de prisión y el pago de USD 40 millones a los directivos de El Universo y al columnista Emilio Palacio, no ha habido un solo día en que no se hayan acumulado indicios de que se trata de uno de los mayores fraudes judiciales del la historia del país. En cambio, no ha habido un solo intento de los acusados por despejar esas dudas.
Se ha llegado a un punto donde hay muchas más pistas para concluir que se trata de una sentencia fraudulenta que una elaborada por un juez probo.
La visita del un asesor presidencial al Fiscal del Guayas bajo el pretexto insultante a la inteligencia de los ecuatorianos de que fue a preguntar por un operado de la vesícula raya en los insoportable.
Un mínimo de decencia y de honestidad, ante la posibilidad de que se ganen USD 40 millones gracias a una sentencia manchada, exige que haya un desistimiento de la causa.
Mucho más aún cuando no solo está en juego la decencia, sino la responsabilidad que nace de ser Presidente.