18 de April de 2010 00:00

Correa profundiza la fractura en A. País

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Alianza País sabe que si el juicio al fiscal general de la Nación, Washington Pesántez, pasa al Pleno del Legislativo puede desencadenar una fuerte fractura.

En la bancada nunca hubo un acuerdo sobre este caso; 33 legisladores apoyaban el enjuiciamiento, 35 no. Esa división se agudizó con la reiterada defensa que el presidente Rafael Correa hace de su amigo de 21 años.

Los mensajes desde Carondelet eran evidentes: empezó con un pedido para que los interpelantes se retiren su inmunidad si pensaban que Pesántez no era un funcionario probo. Ese fue un golpe directo, que recibió la respuesta de 19 legisladores que le pidieron a Correa mantener su distancia con el Legislativo.El malestar fue evidente y forzó a una reunión entre el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, y Correa. Después, la ministra coordinadora de la Política, Doris Soliz, llevó una disculpa del Mandatario a los legisladores ‘rebeldes’. Aunque Correa inicialmente bajó el tono, luego volvió a intervenir públicamente. El juicio no es “oportuno” repitió durante tres semanas. También envió mensajes para evitar una ruptura de su bloque legislativo. “El proceso de revolución ciudadana es más importante que un juicio político”. Y hasta el viernes pasado, pidió que no se hagan “maniobras, parecidas a los congresos de la partidocracia” en el trámite del juicio.

El Presidente hizo referencia al intento para terminar con el empate (5 votos a favor del juicio y 5 en contra) que ocurrió en la Comisión de Fiscalización que tiene en sus manos el caso.Para el ex fiscal de la Nación, Fernando Casares, las declaraciones que realizó el Mandatario “son una grosera interferencia. Le hace daño a la Fiscalía, al Gobierno y a la democracia”.

Casares cuestiona la actitud del Mandatario, por tomar partido por el fiscal Pesántez. “Él no es un juez para decir que ha analizado las pruebas y que no hay contundencia. Debe respetar la independencia de los otros poderes del Estado”.

Lo mismo sostiene Miguel Villacís, del MPD, quien asegura que las palabras del presidente Correa han violado la Constitución. “Las declaraciones configuran acciones antidemocráticas en el país, al intentar impedir la acción fiscalizadora en la Asamblea Nacional, con lo cual Correa pretende ‘emborregar’ a la Asamblea Nacional”.Para el analista Andrés Crespo, la conducta y manejo del presidente Correa, en varios temas como el juicio al Fiscal, ha lesionado la personalidad de los asambleístas de País. “Esto va más allá de si Pesántez es inocente o culpable (...), esto continuará porque las heridas que dejaron son evidentes”.

En su última sesión, realizada el lunes último, la tensión entre los dos grupos, que apoyan y rechazan el juicio contra el Fiscal fue evidente. Hablaron durante cuatro horas. Allí se presentaron los índices de popularidad de la Asamblea que demostraban un descenso del 30% a 21%. El juicio al Fiscal que ha estado en la agenda legislativa durante tres meses, parece gravitante.

También se habló de las comparecencias de 35 personas y la recopilación de más de 5 000 hojas con pruebas a favor y en contra del Fiscal General.Pasadas las 23:00, no había acuerdo. Entonces, los asambleístas de País decidieron dejar en libertad a sus cinco miembros en la Comisión de Fiscalización para que tomen una decisión. Por primera ocasión, la bancada no actuaba con un criterio unificado, ese había sido su sello desde su llegada en agosto pasado.

Fue una decisión difícil, que se cumplió desde el jueves pasado.

Mientras Mauro Andino y Betty Amores se pronunciaron a favor del juicio, César Rodríguez, Gastón Gagliardo (hermano del Fiscal de Guayas) y Pamela Falconí pidieron el archivo.Esta votación no es casual. Refleja el pensamiento y la tendencia de la mayoría del bloque, según fuentes de Alianza País. 35 asambleístas no están de acuerdo con que ese proceso sea tratado por el Pleno, pues en el debate tendrían la libertad de votar, lo cual pondría al descubierto las diferencias existentes, incluso en el campo personal. Incluso, los 33 legisladores que apoyan el juicio podrían retractarse.

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