24 de March de 2010 00:00

Correa pide un ‘juicio objetivo’ para el Fiscal a un bloque dividido

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Reds. Política y Guayaquil

Del bloque de Alianza País, monolítico y que trabajaba con la precisión de un reloj, quedan rezagos. Todas las decisiones polémicas que la Asamblea se presta a resolver terminan por dividir a sus 58 integrantes.

El debate de la Ley de Comunicación puede estancarse si el acuerdo político con la oposición fracasa. El veto presidencial a la Ley de Participación Ciudadana, que plantea que los medios privados rindan cuentas una vez al año, tampoco ha despertado consensos en el oficialismo.

Mientras, que el juicio político al fiscal Washington Pesántez, a más de confirmar la polarización interna, terminó por desatar un cruce de declaraciones con el presidente Rafael Correa. El sábado pasado, él insistió en que este proceso tiene mucho de pasional y que los asambleístas acusadores debieran despojarse de su inmunidad si insisten en llevarlo a juicio político.

Estas palabras motivaron la rueda de prensa del lunes, de 19 legisladores oficialistas. Con Fernando Cordero a la cabeza, lamentaron las palabras del Presidente y descartaron de plano el renunciamiento a este fuero.

¿Correa se excedió en sus palabras? El reclamo de esta facción de Alianza País así lo deja entrever. No obstante, varios de sus asambleístas, entre ellos Paco Velasco, insisten en que son más los puntos de cercanía con el Régimen que lo que los separa.

El Presidente, en su afán de medir fuerzas, comprobó que su desafío solo consiguió enrarecer el ambiente. Por eso ayer, horas antes de que el Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL) diera paso al proceso político contra Pesántez, el discurso gubernamental bajó de tono.

Es cierto que ayer, en Guayaquil, Correa se ratificó en la inconveniencia de este enjuiciamiento y que dentro de la Asamblea se ha dado una “cacería de brujas”. “No hay derecho a que se llame a alguien por falta de probidad notoria. Eso quiere decir que Camargo (Daniel, un violador en serie) es un angelito al lado de ese señor”. Correa volvió a insistir en que los asambleístas que lideran este proceso deben despojarse de la inmunidad.

Sin embargo, Correa terminó por reconocer el derecho a fiscalizar que le asiste a la Legislatura y que, de darse inicio al juicio político contra Pesántez, este debe ser “objetivo y sin prejuicios”.

Las palabras del Mandatario generaron la misma reacción mediática que el visto bueno del CAL para avanzar con el proceso. Como el caso se definirá en la Comisión de Fiscalización, ya no ameritaba que la bancada legislativa, reunida ayer desde las 17:30, se enfrascase en él.

Como son varios los puntos de fricción, la jornada de ayer tenía previsto analizar dos aspectos: el futuro del veto presidencial a la Ley de Participación y la reestructuración política de las cinco coordinaciones de la bancada.

La objeción de Correa es lo urgente, porque el bloque no sabe cómo actuar frente a este tema. Días atrás, el Presidente advirtió que estará pendiente de “quién se arruga” (acobarda), cediendo ante la presión de los medios de comunicación. Por esa razón, la reunión del Pleno que se realizó en la mañana fue suspendida.

En A. País hay voces que quieren aprobar la propuesta de Carondelet. Otras sugieren insistir en el texto original que aprobó la Legislatura, llevando el debate de la rendición de cuentas a la Ley de Comunicación.

Los legisladores tienen 10 días para conseguir 82 votos que les permita rechazar el veto presidencial, o 63 para dar paso a la tesis de Correa. Sin embargo, todo parece indicar, que el fraccionamiento de Alianza País dificultará reunir cualquiera de esas dos cifras. El veto de Correa puede pasar por el Ministerio de la Ley, sin el debate del oficialismo.

El segundo factor que visibiliza la división en el bloque son las presiones internas por que se cambie a los coordinadores. En agosto pasado, se designó a César Rodríguez, Virgilio Hernández, Vethowen Chica, María Augusta Calle y Gina Godoy para esta suerte de vocerías.

Pero ahora, el malestar por su desempeño se ha vuelto público. Especialmente con Hernández, Calle y Godoy, que convocaron anteayer a la rueda de prensa junto con Cordero y otros 15 asambleístas, para rechazar la posición de Correa frente al caso Pesántez.

Gabriel Rivera dijo ayer que se tomaron el nombre de la bancada para dar la rueda de prensa. A su juicio, la unanimidad no está garantizada en ese proceso.

Las quejas por el papel de los coordinadores motivaron a Chica a poner su cargo a disposición, con el fin de fortalecer a la bancada. Hernández, en cambio, insiste en que el proceso de renovación de estas vocerías, que cumplen una especie de bisagra con el Ejecutivo, ya se ha debatido tiempo atrás. A su juicio, lo más importante ahora es definir un procedimiento que permita consolidar la posición “heterogénea” de un bancada tan grande.

Desde el Régimen, la ministra de la Política, Doris Soliz, pedirá que se nombre a dos nuevos delegados para el buró nacional de Alianza País. También que se designe a un vocero oficial de la bancada. Los nombres de los escogidos aún están en reserva.

La agenda de A. País

Hasta el cierre de esta edición, la bancada gobiernista seguía reunida en la sede del Palacio Legislativo. La ministra Doris Soliz tenía previsto asistir.

Un tercer tema que estaba planificado analizarse era el seguimiento a la reunión del presidente Correa y el buró de su Gobierno en Salinas.

Hoy, la Comisión de Comunicación se reunirá desde las 14:00. Lo hará para recibir al Defensor del Pueblo y al Presidente de la Unión Nacional Periodistas.

Ángel Vilema, miembro de la Comisión, dijo que analizarán si se pide una extensión del plazo para entregar la ley. Apenas tienen 11 días para cumplir la tarea.

 

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