8 de January de 2011 00:00

Correa pide cambio total en la Judicatura

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El presidente Rafael Correa anunció ayer su intención de reformar el mecanismo de conformación del sistema judicial. La idea es crear una comisión tripartita para cambiar a la cabeza de este poder: el Consejo de la Judicatura.

Según Correa, en una entrevista con Radio Selva, de Baeza (Napo), cuyo audio recogió el portal El Ciudadano, “vamos a hacer una consulta popular para ver si el pueblo acepta, no que el Gobierno, sino que una comisión tripartita, con un representante del Presidente de la República, uno de la Asamblea y uno del Poder Judicial, tengan todas las atribuciones que la Constitución da al Consejo de la Judicatura”.

La comisión podrá reorganizar las cortes, poner más tribunales, reemplazar a los jueces que están en funciones prorrogadas ('). También tiene en mente “proponer la reestructuración del Consejo de la Judicatura, que sea de máximo tres personas”.

Estos cambios requieren de una reforma constitucional, que será planteada dentro de la consulta destinada a introducir varias reformas penales y otros temas.

Este proceso ha generado una serie de interrogantes. Por ejemplo, no está claro si los cambios que el Presidente propone, le quitará al Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), una de sus atribuciones más importantes: la reestructuración del sistema judicial a través del concurso ciudadano para cambiar al Consejo de la Judicatura.

La importancia estratégica que tiene esta instancia, de acuerdo con la Constitución vigente en su art. 181, está en nombrar a todos los jueces del país, comenzando por la Corte Nacional de Justicia. Si esta reforma es aprobada por el país, el Cpccs o Quinto Poder, que fue concebido en Montecristi, ya no tendría control sobre la integración del sistema judicial.

Horas después de la entrevista a Correa, el ministro de Justicia, José Serrano, dio detalles de cómo será este proceso, aunque sus explicaciones no aclararon del todo la complejidad del problema.

El funcionario adelantó que lo primero que se va a hacer, a través del referendo, es una enmienda constitucional para disolver la Judicatura, reducir el número de vocales del organismo (de nueve a tres) y crear la comisión tripartita.

Esta última funcionaría en dos momentos. Primero, las tres funciones del Estado nombrarán a sus delegados. Pero Serrano dice que en lugar del Poder Judicial estará la Función de Transparencia, con lo cual el Consejo de Participación no quedaría del todo fuera. Esta comisión durará 180 días y se encargará de los cambios sobre los que se refirió Correa.

Luego, según el Ministro, habrá una nueva comisión tripartita que asumirá de manera definitiva las atribuciones del Consejo de la Judicatura para avanzar de forma sostenida en la depuración del sistema judicial, en 18 meses.

Las críticas a este proyecto, tanto por el fondo, como por la forma y los plazos, no tardaron en llegar. Una de ellas, es porque se esfumaría el actual trabajo del Cpccs de designar a la Judicatura, mediante comisiones ciudadanas de selección y con veedurías. Este proceso, según la titular de ese organismo, Marcela Miranda, terminaría en julio de este año.

El vocal Luis Pachala asegura que la idea del Ejecutivo podría tomar más tiempo del previsto. Además, cree que es ilegal. Su compañera, Tatiana Ordeñana, afirma que el proceso que el Consejo ha llevado a cabo ha sido transparente y ha contado con la participación de todas las funciones del Estado y de la ciudadanía. “Buscar otro mecanismo, no me parece. Habría que analizar los tiempos, las consecuencias que esto pudiera tener, que sería empezar un proceso paralelo”.

El fin de semana pasado, Correa cuestionó la demora en el trámite que sigue el Cpccs. Dijo que no se puede esperar tanto tiempo para realizar los cambios en la administración de Justicia. Por ello, ahora quiere que el Ejecutivo, a través de la consulta popular, tome la posta de la designación de las autoridades judiciales.

El presidente encargado de la Judicatura, Herman Jaramillo, considera que el plan del Ejecutivo es una intromisión en la independencia de la Función Judicial, que está consagrada en el artículo 168 de la Carta Política. “El pedido de consulta popular violará la ley y eso no puede pasar por la Corte Constitucional”.

Según el constitucionalista Jorge Alvear, la violación del artículo citado por Jaramillo, conllevaría responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley, para el Jefe de Estado. Dice que incluso eso podría causar la remoción de su cargo, ya que no solamente se quiere intervenir en la Justicia, sino también cambiar la estructura del Estado, establecida en la Carta Magna con un procedimiento prohibido en el art. 441 de la norma. “Otro es el camino legal para la reorganización de la Función Judicial y está claramente señalado en el Régimen de Transición de la Constitución”.

Correa minimiza estos reclamos. Ayer dijo: “pongan todas las veedurías que sean necesarias y quieran. En países del mundo, como en EE.UU. donde la Justicia funciona bien, los jueces los nombra el Presidente”.

Los plazos de la consulta popular

La realización de la consulta popular que plantea el presidente Rafael Correa podría tomar al menos tres meses.

Según la normativa, las propuestas de preguntas deben ser enviadas primero a la Corte Constitucional (CC), para que determine la legalidad de la consulta. Si en los cuestionamientos que se realizan existen reformas constitucionales, la Corte debe enviar el texto a la Asamblea para que dé su aprobación. Si se trata solamente de enmiendas a la Carta Magna, se podrá dar trámite a la consulta de inmediato.

Las reformas difieren de las enmiendas porque significan un cambio a fondo de un texto constitucional. Las enmiendas se centran en aspectos de forma.

Una vez que se tenga el visto bueno de la CC, se enviará el documento al Consejo Nacional Electoral (CNE), para que haga la convocatoria al referendo. Para esto, el organismo tiene siete días.

Luego de ello, el CNE deberá organizar y realizar la consulta en un plazo no mayor a 60 días.

En este tiempo, el Consejo deberá hacer la promoción de los comicios y definir las franjas publicitarias para el voto por el sí o por el no.

Además, contratar la impresión de papeletas, organizar y capacitar a los miembros de juntas receptoras de votos, contratar al personal de apoyo y de seguridad y el mecanismo para el conteo final de votos.

En las anteriores elecciones nacionales se invirtieron USD 28 millones, según explicó el presidente del CNE, Omar Simon.

En el referendo también votarán los ecuatorianos que residen en el exterior y de los extranjeros que habitan en el país.

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