6 de June de 2010 00:00

¿Correa perdió interés en la Ley?

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Redacción Política

Tres hechos políticos, todos generados desde el oficialismo, sugieren que el enfrentamiento entre el presidente Rafael Correa y la prensa ha tomado nuevas dimensiones.

fakeFCKRemoveEn la entrevista que concedió el martes a Ecuadoradio, el Primer Mandatario dijo que la Ley de Comunicación no era fundamental para su gobierno. De esta manera, restaba importancia a su debate que, se suponía, iba a entrar, al día siguiente, en una etapa decisiva en la Comisión ocasional.

Esta instancia había confirmado su interés por terminar la aprobación del informe para segundo y definitivo debate en el Pleno de la Asamblea. Sin embargo, y por pedido del oficialista Rolando Panchana, se pidió una nueva prórroga de 15 días para ajustar varios textos del articulado que, desde el viernes 30 de mayo, comenzaron a despertar críticas en la opinión pública.

Este primer borrador establecía, por ejemplo, costosas sanciones (hasta el 20% de la pauta publicitaria de un medio en tres meses). También la posibilidad de que cadenas de radio y televisión, que han estado por más de 20 años en vigencia, no pudieran renovar su acceso a las frecuencias del espacio radioeléctrico.

Estos temas, junto a la insistencia del oficialismo para que el futuro Consejo de Comunicación quede integrado con dos delegados del Ejecutivo, hicieron que la oposición prendiera “una alerta roja”. Esta luz cambió de color tras la nueva postergación solicitada por los comisionados.

A estos dos hechos se suma la sorpresiva decisión de Camilo Samán, presidente del Directorio de la Corporación Financiera Nacional, de retirar la tarde del viernes los cargos en el juicio que planteó contra el articulista de El Universo, Emilio Palacio, por supuestas injurias calumniosas.

Samán explicó que su desistimiento se debió a su condición de cristiano y a una promesa que le habría hecho a su padre moribundo. Es decir, este caso no tendría nada que ver con ningún cambio de estrategia política del Gobierno frente a los medios.

Pero César Ricaurte, director de la organización independiente Fundamedios, encuentra que estos hechos no son tan aislados.

Su primera reflexión es que el Régimen se ha dado cuenta que tiene en sus manos instrumentos legales vigentes con los cuales controlar a los medios sin la necesidad de una nueva ley, cuyo debate en la Asamblea pudiera resultarle desgastante.

Sobre todo, si el Gobierno no tiene seguros los 53 votos de su numerosa bancada y otros 10 más que requiere para aprobar una Ley orgánica como esta.

Ricaurte dice que la Ley de Radio y Televisión, aprobada por la dictadura y modificada en 1996, otorga al Ejecutivo facultades de control y posibilidades de cerrar medios. A ello se sumaría la disposición de la recientemente aprobada Ley de Participación Ciudadana de que los medios de comunicación rindan cuentas, por ser considerados entidades que prestan servicios públicos.

“Con instrumentos como este y medidas como la grabación con IVA a los periódicos, el Gobierno tiene un poder importantes sobre los medios”. Si esta lectura es acertada, la futura Ley de Comunicación lógicamente perderá interés o prioridad como lo sostuvo Correa el martes, en Ecuadoradio, y ayer en su enlace sabatino.

A su juicio, la prioridad es la Ley de Educación Superior que generará tensiones políticas en sectores mucho más amplios que el campo de los medios.

Santiago Pérez, el encuestador de mayor credibilidad para el Gobierno, descarta, por su parte, que la poca importancia de Correa por la Ley de Medios se deba a un bajón en la popularidad.

“Desde marzo, los niveles positivos de aceptación del Presidente oscilan entre el 62 y 63%”. Dentro de sus sondeos, la pugna de Correa con los medios de comunicación interesa a un 10% de la población y, según sus cálculos, un 5% pudiera evaluar negativamente al Presidente.

En suma, Pérez dice que los giros estratégicos de Correa no están motivados por los niveles de aceptación. De hecho, el Mandatario continúa con sus duras críticas a la prensa en cada espacio en el cual interviene públicamente.

En ese sentido, el encuestador deduce que el interés del Gobierno, al minimizar la Ley de Comunicación, es tender puentes con los sectores políticos a los que está obligado a relacionarse para impulsar su agenda legislativa.

No solo eso. Ricaurte dice que el debate sobre la Ley de Comunicación terminó por ser contraproducente. Si esta llegara a aprobarse, “necesariamente, obligará al Gobierno a poner orden en los medios públicos e incautados que está manejando con absoluta discrecionalidad”.

En este punto, ¿qué lectura merece el retiro de los cargos en contra de Emilio Palacio? Para Santiago Pérez, los argumentos cristianos a los que Samán recurre dejan este caso en lo anecdótico.

El director de Fundamedios opina lo mismo, a menos que el Gobierno decida impulsar las reformas legales para despenalizar el delito de opinión, lo cuál sería un verdadero signo de cambio.

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