6 de April de 2012 00:05

Correa le da la razón a su Gobernador

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El presidente Rafael Correa está de acuerdo con su gobernador de Morona Santiago, Juan Arcos, quien busca que se despidan a 22 funcionarios de libre remoción de la provincia. A ellos los cuestiona por no haber participado de la marcha que el Gobierno organizó el pasado 22 de marzo, en Quito.

En un recorrido de obras de ayer, el Jefe de Estado se refirió al tema tras ser consultado por la prensa. En esencia, Correa dijo que los altos funcionarios de su administración deben privilegiar una visión política en sus tareas.

Por ello, le dio la razón a su Gobernador, quien la víspera envió una carta a la Presidencia de la República con el nombre de los 22 altos funcionarios.

“Quiero ser muy claro aquí. No andemos con eufemismos ni con medias tintas, nuestro estilo es frontal: Los funcionarios de libre remoción, de alto nivel, no solo deben ser técnicos, deben ser políticos. Aquí no estamos administrando un sistema, estamos cambiando un sistema. Todos deben tener esta visión política. El que no esté comprometido sí debe ser separado de su cargo”.

Esas fueron las palabras del presidente Correa sobre el tema, durante el recorrido de los avances de la construcción del Centro Nacional de Sistema Integrado de Seguridad (SIS)-ECU 911, en el centro-oriente de la capital.

Sin embargo, el Presidente no precisó si efectivamente dará paso o no al pedido del gobernador Arcos, para que sean dados de baja los 22 funcionarios de alto nivel de la provincia amazónica, que no participaron de la marcha “en defensa de la democracia”.

El 22 de marzo, la Marcha por la vida, protagonizada por organizaciones y grupos sociales, llegó a Quito, para expresar su rechazo a las políticas minera y ambiental que impulsa el Gobierno.

El Régimen tachó de “desestabilizadora” esa manifestación de los grupos sociales, a los que acusó de intentar atentar contra la democracia y fraguar una conspiración. Por ello organizó una “contramarcha” en Quito. En esa movilización oficialista participaron funcionarios y empleados del Estado, así como simpatizantes y militantes de Alianza País.

La organización de esa “contramarcha” es objeto de críticas de sectores de la oposición y de la opinión pública, pues sostienen que se realizó supuestamente con recursos del Estado.

De hecho, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) señaló que la carta del Gobernador de Morona Santiago es la evidencia reina que confirma que en la movilización del Gobierno se usaron fondos públicos.

Sin embargo, Galo Mora, secretario ejecutivo de Alianza País, sostiene que ni el movimiento político ni el Régimen destinaron un solo centavo a la concentración oficialista. Según el Gobierno, todos los recursos para esa manifestación provinieron de los aportes de los simpatizantes.

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