25 de April de 2010 00:00

Correa controla todo el aparato informativo de su gobierno

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Nancy Verdezoto.

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Cuando se trata de información, el Gobierno no improvisa. Tampoco escatima esfuerzos ni recursos para controlar todos los procesos de comunicación internos y externos al Régimen.

Esa sofisticada maquinaria es operada por la Secretaría Nacional de Comunicación, dirigida por Fernando Alvarado, un fluminense que tiene una licenciatura y un doctorado en comunicación en universidades locales.Un plan -al que este Diario accedió- que se ha ido ajustando en el camino es el eje de la política informativa oficial. Se alimenta, entre otras fuentes, de la información que producen 30 ministerios y 11 secretarías. Su objetivo es “garantizar una acción sistemática, orgánica, ordenada y responsable, en procura de los objetivos del Gobierno”.

Pocos gobiernos han sido tan obsesivos con el control, centralización y cruce de la información. Marcelo Cevallos, secretario de Comunicación del gobierno de Lucio Gutiérrez, explica que en su época “cada ministerio manejaba su política de comunicación. Eso fue un error”, admite. “No existía en la Presidencia ni un equipo de periodistas, ni para tareas de comunicación. Solo le pasaban resúmenes de lo que difundían los medios”.

Hoy, la Secom (cuyo presupuesto está unificado al de la Presidencia) es el principio y fin del sistema informativo. Bajo su mando trabajan tres subsecretarías: de Información, de Innovación y Nuevos Medios, y la de Comunicación Política.

Cada una es un eslabón de la cadena comunicacional. La Subsecretaría de Información coordina las ruedas de prensa, la Cabina de Carondelet (un espacio para entrevistar a los ministros), el enlace ciudadano, las cadenas nacionales, boletines...

La Subsecretaría de Innovación se encarga de las coberturas noticiosas para el diario oficialista El Ciudadano (impreso y digital) y el programa El Ciudadano TV. Trabajan 10 periodistas. Además, dirige la Agencia de Noticias Andes.

Para cada medio oficial, los ministros o voceros de las instituciones deben proponer temas para ser entrevistados o para difundirlos como noticias. Asimismo, deben enviar una ayuda memoria del trabajo realizado. Según Sharon Herrera, encargada de comunicación de la Secretaría del Agua, a más del trabajo de comunicación ministerial deben enviar reportes al Presidente.

La Subsecretaría de Comunicación Política tiene un rol clave. Coordina con el Gabinete y establece el discurso político que manejarán las instituciones para cada coyuntura. Para esto usan la “Ficha Base del Discurso Político Unificado”, enviada por la Unidad Interministerial. Este documento marca la línea política y el mensaje que deben destacar.

Asimismo, la entidad mantiene una base de datos de personas vinculadas con el Gobierno, beneficiarios de los programas sociales y actores políticos.

Toda esta información se sistematiza en la Secom, a través del Sistema de Información para la Gobernabilidad (Sigob). Aquí se registran los pedidos de entrevistas con los medios de comunicación, públicos o privados.

“La Asesoría de Comunicación podrá insistir en un espacio para entrevistas que cada uno de los ministerios solicita a los medios públicos e incautados para poder aclarar o destacar temas importantes”, indica el documento de la Secom, que es empleado para capacitar a los directores de comunicación de las entidades. Esa difusión tiene prioridades: las más importantes son las que dispone el Presidente, luego la de los ministros y finalmente por pedido de los medios públicos.

Esa prelación se evidencia en los contenidos. Un estudio de Fundamedios de las noticias publicadas en El Telégrafo, entre el 10 de agosto y el 17 de septiembre del 2009, establece que los principales actores noticiosos (23,6%) son los funcionarios públicos. En este caso, un dato es elocuente: no hubo temas de denuncia ni casos de corrupción. En Gama TV el patrón fue similar. Las autoridades gubernamentales (con 105 apariciones) coparon los espacios informativos. Esa tendencia se mantuvo en TC Televisión, con el 35,9%.

Esas presiones recaen directamente sobre algunos periodistas. Un reportero de El Telégrafo, que pidió la reserva, recuerda que en una ocasión una colega debió escribir una nota ‘positiva’ de la Secretaría de Pueblos. “Mi compañera llamó a Guayaquil y le dijeron que lo hiciera. Ahí noté que este periódico no es tan público como dicen”.

Para el comunicador de la Flacso Gustavo Abad, quien recientemente dejó la página editorial de El Telégrafo, un sector del Régimen confunde la información con propaganda. “Creen que los medios públicos deben alinearse con el Gobierno, cuando se deben a la comunidad”.

Un periodista de uno de los medios incautados confirma que ha habido presiones desde ‘arriba’ para que un determinado actor político no tenga espacio. También recuerda que hubo ocasiones en las que fue obligado a dar noticias sin equilibrio.

El 13 de noviembre del 2009, el periodista Fabián Loza fue despedido de Gama TV, donde trabajó varios años. “Solo me explicaron que no era parte del proyecto del medio. Salí porque no estaba con el Gobierno”.

Fernando Alvarado asegura que el Ejecutivo no tiene ninguna injerencia en los medios públicos e incautados. “No hemos intervenido en ese manejo. No participamos en su política editorial”, sostuvo en una entrevista con Radio Visión. Por tres semanas este Diario ha pedido una entrevista con él, sin resultados.

En esta estrategia de copar todos los medios con su información, la Secom prioriza a la prensa oficial, pública y estatal. No es raro que los medios privados, algunos considerados enemigos del Régimen, aparezcan en el último escalón informativo. El Presidente, por ejemplo, prefiere conceder entrevistas a los medios en poder del Estado.

Por ello, la matriz de la Secom recomienda a los funcionarios mantener “relaciones cordiales para sugerir coberturas que los ministerios necesiten y aclarar noticias que hayan sido tergiversadas por los medios privados”.

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