16 de November de 2011 16:53

Correa acosa a la oposición con demandas, como en el caso de Chuji

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El gobierno de Rafael Correa ha logrado instrumental una exitosa doble estrategia para neutralizar a la oposición con demandas y juicios en contra de la prensa y de dirigentes indígenas que lideran la protesta social.

Esta es la tesis que mantiene en un blog de la cadena árabe Aljazeera, la académica Manuela Picq, quien se refiere a este tema a propósito de la comparecencia que deberá atender la dirigente indígena Mónica Chuji el viernes en el juzgado 15 de lo Penal de Pichincha.

Chuji, quien fue secretaria de Comunicación al inicio del Gobierno, está demandada por el secretario de la Administración, Vinicio Alvarado quien la acusa de haber mancillado su honra con la afirmación de que es uno de los nuevos ricos del Gobierno. Esa afirmación la hizo Chuji en una entrevista a EL COMERCIO.

Alvarado pide tres años de cárcel para Chuji y el pago de USD 400 000. Chuji ha dicho que sí asistirá a la audiencia aunque no descarta que pida asilo político, posiblemente a Canadá según le ha manifestado al diario Hoy.

Manuela Picq, una académica especializada en derechos indígenas de la Amazonia de la universidad de Amherst, EE.UU., ha publicado una pieza de opinión en la plataforma digital de Aljazeera.  Picq sostiene que el gobierno de Rafael Correa está utilizando el mecanismo de las demandas para desarticular la protesta social. Por un lado apuntando a la prensa y por otro a los dirigentes indígenas.

En su artículo, Manuela Picq sostiene que más allá de una auténtica intención de ganar estos juicios como el que le sigue Alvarado a Chuji, está  el objetivo de ejercer presión a los acusados. "Silenciarlos a través de la intimidación y el desgaste de los procesos legales. Esto es precisamente la estrategia que ha utilizado Correa para  debilitar a la oposición", sostiene Picq.

En el artículo se anota que el caso de Chuji no es aislado. Actualmente hay más de 200 juicios de este tipo que se siguen en contra de activistas que se oponen a las políticas del Gobierno. Estos juicios, ha dicho Chuji según el blog de Picq, deben ser interpretados como una retaliación política. Una amenaza dentro de una política a largo plazo de acoso y censura a las voces de la oposición.

Según Picq, una retaliación política bajo este esquema puede ser particularmente fácil, dado el actual proceso de desmantelamiento de la autonomía judicial. Con la consulta del 7 de mayo, dice Picq, Correa asumió la autoridades para reformar el aparato judicial. Con el despido, hasta hoy, de 48 jueces, se confirma la popular tesis de que los presidentes gobiernan a través de las cortes.

Picq también anota que el caso por injuria en contra de Chuji revela mucho más que un supuesto daño moral. "Este caso es sintomático de las crecientes prácticas autoritarias del gobierno ecuatoriano, al igual que la peligrosa pérdida de la autonomía judicial".
Anota la autora del artículo de opinión que Chuji fue una de las más cercanas colaboradoras de Correa y que la demanda ilustra la voluntad del gobierno para perseguir a quienes tienen visiones distintas, incluso si provienen de sus propios integrantes.

Este caso, agrega, calza en la doble estrategia del gobierno de Correa para socavar a la oposición. De un lado, la administración de Correa ha estado apuntando a la prensa, provocando temor y promoviendo la auto censura para  neutralizar el aparecimiento de alternativas políticas, dice.

Los periodistas han sido repetidamente acosados y agredidos, y las demandas han sido utilizadas para castigar a la oposición en los medios. El caso más visible, dice, es el del diario El Universo.

La otra cara de esta doble estrategia, dice Picq, es el debilitamiento de la oposición indígena. En esa dirección apunta la desproporcionada "represión legal" en contra de dirigentes indígenas.

 

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