Cordero no invitará a la relatora Botero

La Comisión de Comunicación .   Los asambleístas Moncayo (izq.) y Mauro Andino (der.) analizan  la ley.Archivo / EL COMERCIO

La Comisión de Comunicación . Los asambleístas Moncayo (izq.) y Mauro Andino (der.) analizan la ley.Archivo / EL COMERCIO

Al oficialismo le incomoda la idea de que la Relatora para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de DD.HH. esté en el debate de la ley de medios.

Entre otras razones, porque la oposición resaltó las críticas que la relatora Catalina Botero ha hecho al proyecto de Ley de Comunicación. Y, porque en la actualidad, los partidos críticos al Gobierno desean que ella participe en los debates de la Comisión de Comunicación de la Asamblea.

Por ello, Fernando Cordero, presidente del Congreso, anticipó ayer que no está dispuesto a dar paso la invitación a Botero. Su argumento es que la presencia de la Relatora puede ser utilizada políticamente para cuestionar la labor legislativa en esta Ley.

“Aquellos que creen que tienen que venir a dar clase desde afuera, sí esa es la intención de invitarle, yo no tengo por qué hacerlo”. Esa fue la respuesta de Cordero, sobre la propuesta de los asambleístas de oposición, que desean que Botero esté en las jornadas de la Comisión de Comunicación.

Según el titular de la Asamblea, la Relatora puede ser veedora u observar el debate desde donde sea, sin que necesariamente esté en el Ecuador. Sin embargo, en caso de que ella llegue al país, dijo que no tendría dificultad en permitir que vea por televisión el desarrollo de los debates.

De este modo, quedó en claro que al bloque del Gobierno le molesta la presencia de Botero, quien ha cuestionado varios de los puntos del proyecto de comunicación. La primera manifestación de incomodidad la había exteriorizado Betty Carrillo (A. País), quien escribió en su Facebook que desea que Botero admita sus aparentes equivocaciones frente a la aprobación de la Ley.

La oposición se declaró desconcertada frente al anuncio de Cordero, a quien se le había solicitado que formule la invitación institucional a la Relatora de la CIDH.

El asambleísta Paco Moncayo dijo que la presencia de Botero no obedece a una estrategia para cuestionar al bloque de País, sino para que ayude con su asesoría. “Qué mejor que una experta en el tema llegue y nos ilumine. Si ella demuestra que estamos equivocados en algún tema, entonces el contenido de la Ley será mejor”.

Ante la negativa de Cordero, otros sectores de la oposición, como Fausto Cobo, advirtieron que insistirán en que la Relatora pueda estar en el debate de la Ley.

En principio, los miembros de A. País habían aceptado que Botero sea invitada a las discusiones.

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Libertad de Expresión. Jorge Piedra Cardoso / Radiodifusor
'Espero que no tenga visión sancionadora'

Soy optimista y creo que la nueva Ley que se debate en la Asamblea no afectará a los medios. Es necesario que no sea una ley discrecional, sino cerrada y directa, que señale cuáles casos se controlarán.

Espero que la nueva Ley no tenga una visión sancionadora a los medios de comunicación sino hacia los autores de estos, que pueden ser las personas. Allí hay mucho que hablar. Si los asambleístas se asesoran bien, podrán sacar una buena ley.

Pero siempre hay el temor de que el Presidente -que tiene animadversión a un sector de la prensa- haga derecho pleno del veto y quede una ley al estilo de él. Lo que debiera pedir el Presidente es que todos los que hacemos comunicación respetemos el derecho de los demás...

Hay voces de la oposición que dicen que con esta ley, acaparará mucho más poder del que tiene y podrá condicionar, sobre todo a los periódicos, porque ya hay regulaciones de contenidos en la Ley de Radio y Televisión.

Hay que ver estos cambios desde el lado positivo, de que hay que tener un marco legal. Ahora que el Gobierno y cada gobierno de turno se aproveche de esto que llegue, lo verá como un instrumento de poder y condicionamiento a los medios de comunicación que no sean a fines a él, también puede ocurrir.

Es importante que se tomen en cuenta las leyes que existen en el ámbito internacional.

Sobre el registro público de medios

El proyecto dice
En e l artículo 65 y 66 , sobre el registro público, se estipula que este deberá contener: datos generales, políticas editoriales e informativas, estructura orgánica, composición de su capital social o propiedad y código de ética.
Hay polémica porque el Consejo de Comunicación e Información será el encargado de llevar este registro público de los medios de comunicación, incluso de privados, y también se deberán notificar los cambios que se realicen.

El Gobierno dice
Fernando Alvarado, secretario de la Comunicación, argumenta que "lo que abunda no estorba". Lo dijo en referencia a que la Superintendencia de Compañía s y el Ministerio de Trabajo llevan un registro del reglamento de empresas y en el caso de los medios, este contiene su política editorial e información.
Desde el Ejecutivo respetarán las políticas editoriales, "a menos que estas atenten contra los derechos".

La oposición dice
Galo Lara, asambleísta por el Partido Sociedad Patriótica, cree que volver a realizar otro registro en el Consejo de Comunicación e información es "hacer un doble trabajo".
Y que se lo utilizará solo como un censo de los medios.
En su opinión, este registro, que dentro del proyecto de Ley de Comunicación es de carácter obligatorio y lo regulará el Consejo, podría ser "otra herramienta de persecución y presión para los medios libres e independientes".

Alianza País dice
AmintaBuenaño, asambleísta de Alianza País y periodista, cree que "el consejo deberá también llevar un registro de los medios, para tener conocimiento de los lineamientos que tiene cada medio de información", a pesar de que en otras entidades estatales se cumpla con esta tarea.
En su opinión, esto garantizará, "en cierto grado, el trabajo y calidad del trabajo de los medios con la información, que es un bien público".

Otras opiniones
Según Fundamedios, el "registro otorgaría una facultad discrecional muy amplia al Consejo de Comunicación para exigir a los medios". Está en contra de que sea un requisito previo para el funcionamiento de los medios.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH pide que se elimine el registro, porque no existe una razón suficiente para que un medio registre su línea editorial y eso pudiera convertirse en un "efecto inhibidor".

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