10 de July de 2010 00:00

Cordero, citado hoy al Juzgado en Pujilí

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Redacción Sierra Centro

La pequeña casa blanca de dos pisos, donde funciona el Juzgado Quinto de lo Civil de Pujilí, se volvió el sitio más visitado ayer por los periodistas.En el centro de esa ciudad, a 15 minutos de Latacunga, la dirigencia del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) planteó el jueves una Acción Constitucional de Protección en contra del proyecto de Ley de Comunicación.Lo hicieron ante el juez de lo Civil de Pujilí, Edwin Palma. Según Dioselinda Iza, presidenta del MICC, con esto se persiguen dos objetivos: exigir que el proyecto se someta primero a la consulta prelegislativa y frenar la aprobación del documento.“El pueblo de poncho y de las zonas rurales también merece ser consultado. Esta tarde (ayer) mantendremos una reunión para definir qué dirigentes acudirán al Juzgado de lo Civil a donde también asistirá el Presidente de la Asamblea ”, dijo Iza.Para Raúl Ilaquiche, abogado que acompañó a los dirigentes, la demanda representa el sentir de los pueblos indígenas. “Pedimos que no se apruebe esa Ley porque irrespeta los derechos colectivos. La consulta prelegislativa está contemplada en la Constitución. Si no se hace así iniciaremos acciones penales por desacato que es sancionado con cárcel y destitución contra los asambleístas, incluidos los de Pachakutik”.El MICC demandó la suspensión inmediata del trámite y aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación Social, de conformidad al artículo 87 de la Constitución. Además, que se fijara hora y día para que se realice una Audiencia Pública, para escuchar los argumentos y que se ordene la consulta.Esa audiencia está prevista para hoy, desde las 09:00, en el juzgado situado en las calles Salinas y Bolívar. “Cordero puede enviar a un delegado, pero aparentemente asistirá, pues sus guardaespaldas estuvieron aquí”, dijo un funcionario.Sobre el tema, Fernando Cordero, presidente de la Asamblea, aseguró que “el juez de Pujilí no es quien debe hacer la consulta prelegislativa, sino la Asamblea”.Para el constitucionalista ambateño, Santiago Alvarado, de no consultarse a los destinatarios, la Ley los invisibilizaría. “Y si se aprueba, los sectores indígenas podrán demandar la inconstitucionalidad de la norma ante la Corte Constitucional por vicios de forma”.

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