15 de May de 2010 00:00

Cordero se aferra a la prelegislativa

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Redacción Política

La consulta prelegislativa sobre el proyecto de Ley de Aguas no está en discusión. El presidente Fernando Cordero dice que no ha contradicho al Pleno al disponer que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) tramite la resolución constitucional, que ordena aplicar ese método.

En una rueda de prensa recordó que el art. 122 de la Constitución establece que el CAL es el órgano administrativo de la Asamblea. Así también sustentó la moción que presentó al Pleno, la tarde del jueves, en la continuación del segundo debate del proyecto de Ley de Aguas. Esta no fue aprobada.Tampoco la propuesta del MPD y Pachakutik, a través de la cual se planteaba un consejo de consulta, integrado por Cordero y los miembros de la Comisión de Derechos Colectivos. También pedían que los resultados de la consulta sean vinculantes.

Sin embargo, Cordero en la noche del jueves recurrió a su capacidad de exhortación al CAL para dar trámite al pedido de la Corte Constitucional. Así, “evito poner en riesgo de desacato a los asambleístas y su destitución”.

Pero esa actuación es puesta en duda por juristas como Gustavo Medina, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia y ex Procurador General del Estado.

Medina apunta que la Constitución del 2008 establece la facultad de las comunidades a ser consultadas cuando alguna actividad política, administrativa o de extracción pueda afectarles.

Señala que se consignó esa posibilidad para hallar un punto de equilibrio. Pero como el resultado no es vinculante, “a la postre las autoridades decidirán. En la práctica solo se posterga el tema”.

Para Virgilio Hernández (A. País), la decisión de Cordero no fue una maniobra. “Hay que desdramatizar la situación. No se puede decir que con el proceso de consulta se anula la capacidad de legislar o que dilata trámites”.

Este legislador cree que se debía cumplir con una disposición vigente no solo en la Constitución del 2008 sino en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, del cual el país es signatario desde 1998.

Aunque, no niega que la movilización indígena generó preocupación y obligó a considerar la sentencia de la Corte. Pero insiste en que es de cumplimiento obligatorio. Como Presidente de la comisión de Gobiernos Autónomos, considera que el informe para la votación del proyecto de Código Orgánico de Organización Territorial, que pasó el segundo debate en marzo, debe también ser sometido a consulta.

Por eso, la próxima semana, en la mesa que dirige, se tratará el tema. También se trabajará en un instructivo. Contó además que con coidearios presentarán un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

El objetivo: llenar el vacío y definir una normativa propia para el procedimiento de consulta prelegislativa. Dice que los proponentes de un proyecto de ley deben señalar si puede o no ser objeto de consulta prelegislativa.

Mientras, el CAL deberá reglamentar el proceso. Por ahora a Cordero le preocupa saber quiénes deberán ser consultados.

Espera usar los registros de las organizaciones inscritas en el Codenpe, entre otras. Aunque, si son unas 50 000 y cada una tiene un delegado, dice, no podrán hacer la consulta ni en el Estadio Olímpico. Por lo pronto, lo cierto es que la votación del informe de la Ley de Recursos Hídricos está suspendida hasta que Cordero cierre la consulta prelegislativa y se conozcan los resultados de ella.

El proceso recién arrancará la próxima semana y ya legisladores como Lourdes Tibán (Pachakutik) persisten en un punto que para Cordero es inconstitucional.

Tibán cree que la consulta tiene que ser vinculante. Para ella debe ser un verdadero mecanismo de participación, para buscar el consentimiento previo, libre e informado y llegar a consensos.

Cordero negó la posibilidad y adelantó que el proyecto de Ley de Educación General también se someterá a este mecanismo. Indicó que la Comisión a cargo le dijo que el informe para segundo debate está listo y es el momento de someterlo a consulta.

Mientras, el presidente Rafael Correa, en el cantón azuayo de Sígsig, repitió que la consulta es un mandato constitucional y que hay que cumplirla o se nulitará la Ley de Aguas y otras más.

Luis Maldonado,  ex miembro del Gobierno

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