14 de March de 2011 00:00

El Estado controlaría el sistema de justicia

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Rosendo López, miembro del comité calificador de la Corte Suprema de 2005, cree que es necesario un cambio de raíz en la administración de justicia del país.

¿Cómo se vería afectada la justicia en el caso de que gane el sí en esta pregunta?

Sería un aspecto absolutamente negativo, porque se estaría interfiriendo en una función del Estado que debe ser respetada, cuya autonomía debe ser respetada: la Función Judicial. En los últimos años, la Función Judicial ha sido controlada, manipulada, por los poderes políticos del Estado y esto ha provocado un perjuicio absolutamente grave a su desarrollo del país. Los gobiernos de turno, al igual que los congresos nacionales, se han repartido el botín de la designación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

¿Cómo lograr que el Poder Ejecutivo no tome el control de otra función como es el Poder Judicial?

El presidente Rafael Correa lo que realmente quiere es controlar la Función Judicial, aunque él diga que no tiene esa intención. Se debe respetar lo que señala la Constitución: que el Consejo de Participación Ciudadana designe a los miembros del Consejo de la Judicatura, mediante concurso se nombre a los integrantes de la Corte Nacional de Justicia, ese debe ser el proceso. No se debe echar mano a través de tres delegados que estarían controlados por el mismo Poder Ejecutivo.

Y si gana el no, ¿qué alternativas deberían ejecutarse en el país para que mejore el sistema de justicia?

La Función Judicial tiene que ser reestructurada de raíz, desde la cabeza, con el objetivo que se devuelva la confianza en la administración de Justicia a los ecuatorianos. El presidente Correa en ese sentido tiene razón y es necesario una reestructuración urgente, pero no debe ser con el mecanismo que él está planteando a través de la consulta popular.

¿Considera que un plazo improrrogable de 18 meses es suficiente para lograr el objetivo de mejorar los problemas de la justicia?

La reestructuración de la Función Judicial no será factible en los 18 meses. Un cambio integral llevará mucho más tiempo, esto es una cuestión de ética y moral. No solo hay que designar a los magistrados de la Corte Nacional de Justicia, o a los jueces de las cortes provinciales o de diferentes naturalezas, sino también cambiar de forma sustancial la Ley Orgánica para que exista un control del manejo de la administración de justicia del país.

¿Qué garantiza que un cambio de jueces mejore el sistema y que no exista una injerencia política a futuro?

El cambio de jueces sería una enmienda parche. No solo hay que buscar su relevo, también los procedimientos son tortuosos y el trámite dura mucho tiempo. Todo eso conlleva a una situación preocupante sobre la Justicia. Es necesario incrementar los procesos orales, es decir cambios profundos en los aspectos de carácter legal tanto en las leyes adjetivas como sustantivas. Además, debe haber una total independencia de las funciones del Estado.

¿Un proceso como este en qué se diferenciaría del que participó para elegir a los jueces de la Corte Suprema de Justicia en el 2005?

Lucio Gutiérrez, presidente del República de esa época, intervino en la Función Judicial y el Congreso Nacional designó a dedo a todas las personas allegadas a su Gobierno. Frente a ello se reformó la Ley Orgánica y se designó una comisión de calificación y posición de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se hizo con delegados de organismos independientes al control político del Estado, como los miembros de las facultades de jurisprudencia del país, de las cortes superiores de Justicia, de las organizaciones de derechos humanos y de la ciudadanía. Además hubo una auditoría de organismos nacionales e internacionales y jamás trabajamos a puerta cerrada. Fue un proceso transparente, el único del país y se debe generar que esto se desarrolle en Ecuador .

¿Es necesario tener un reglamento previó a la consulta para conocer los alcances del consejo de transición?

Conocemos cuáles son los alcances porque el Consejo de la Judicatura, conformado por nueve de acuerdo con la Constitución, pasaría a integrarse por tres de aprobarse este pregunta. Significa que tendría total atribución para hacer y deshacer de la Función Judicial. Es cierto que el ciudadano no conoce y se requiere un proceso de difusión del contenido de esta pregunta.

REFERENDO PREGUNTA 4

 

¿Está usted de acuerdo en  sustituir el actual Pleno de la Judicatura por un Consejo de la Judicatura de Transición, conformado por tres miembros designados, uno por la Función Ejecutiva, otro por el Poder Legislativo y otro por la Función de Transparencia y Control Social, para que en el plazo improrrogable de 18 meses, ejerza las competencias del Consejo de la Judicatura y reestructure la Función Judicial, como lo establece el anexo 4?

 GUÍA: El ABC de la Consulta Popular

 

Tres puntos de vista ciudadanos

 

Paulo Arrobo /Titular del Colegio de  Abogados

‘La ciudadanía  debe vigilar a la comisión’

Es necesario y es una medida  urgente que el Gobierno Nacional sincere esta pregunta. Se debe establecer una especie de reglamentación preconsulta para determinar qué es lo que va a hacer la comisión tripartita.   La pregunta es muy abierta, porque se corre el riesgo de que hasta pueda vulnerar con la estabilidad de quienes están  en la carrera  judicial. También se  debe esclarecer si la Función Judicial y profesionales deberán guardar dependencia,  esto coartará la libertad. En el plano de la docencia,  la cátedra universitaria debe tener una injerencia y se debe contar con una  intervención ciudadana. Eso servirá para que se garantice una independencia de los funcionarios judiciales.Además, se velará porque se respeten sus derechos y de la ciudadanía. Se necesita un  organismo que vigile a la  comisión tripartita, que  ajustará la ley y procedimientos establecidos que entraría  en vigencia.   

 

 

Carlos Castro  / Ex decano de U. Cuenca

‘Es una  metedura de mano a la justicia’ 

La pregunta afecta a la certeza y a  la seguridad jurídica. No contribuye a que podamos combatir la delincuencia, la inseguridad, sino más bien todo lo contrario. Seguirá la ciudadanía pensando que es una Justicia capturada y sobre todo lo grave es que eso determinará una concentración enorme del poder. El tema político se vuelve complejo, porque bien puede ese aparato de poder utilizarse para la persecución  como se ha dado en la historia en el país. El poder es poder en cualquier mano, dónde quedarían los derechos y las garantías ciudadanas, esto se volvería un estado de inseguridad autoritario. Con  esta propuesta se rompe el principio de la división e independencia de las funciones del Estado, es decir se erosiona el principio republicano. No habrá  independencia interna y externa de la justicia. Constituye en definitiva una olímpica metedura de manos  en  la justicia del país. 

 

 

Juan  Guerra /  Coop. de Ahorro del Austro

‘Hay la necesidad de hacer un cambio’ 

Es una pregunta básica para fortalecer el Consejo de la Judicatura. Me voy por el lado de aceptar este proceso de transición porque  es necesario que no quede en acefalía el proceso de la generación del Consejo que se venía dando a través del Consejo de Participación Ciudadana. Existe la necesidad de hacer un cambio a la jurisdicción de nuestro país y creo que no estamos preparados para hacer un proceso de este tipo y por eso se ha  postergado. Un proceso de transición siempre es positivo, siempre y cuando sea para algo bueno. Lo único que se puede temer es que el Poder Judicial pase a manos del Ejecutivo que eso sería generarle el poder absoluto y al momento tiene dos de los tres representantes que están a su favor. La oposición ha manifestado que puede ser un secuestro del Consejo de la Judicatura, pero quisiera ver el lado más positivo ya que es necesario hacer una reforma.

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