La regulación a los medios adquirió tal urgencia política, que el contenido de la pregunta 9, sobre la creación de un consejo con ese objetivo, así como para establecer los criterios de responsabilidad ulterior, definitivamente será el primero en tratarse en la Asamblea. Quizás los promotores no solo quieren evitar pérdidas de tiempo sino también cualquier problema derivado de un posible cambio en la correlación de fuerzas cuando se nombre a las autoridades legislativas.
Quienes defienden que en ese consejo debe participar obligatoriamente un delegado del Ejecutivo lo hacen basados en la premisa de que los canales de televisión y la radio usan el espectro radioeléctrico del Estado. Pero olvidan que los medios escritos no usan ningún espectro en manos del Estado, lo cual nos remite de vuelta al pecado original de la ley, que mezcló dos normativas distintas con el fin de alcanzar a la prensa.
Por otro lado, si hay consenso de que el consejo debe regular a todos los medios (privados, “públicos” y comunitarios), ¿cómo se espera que actúe el delegado del Ejecutivo cuando tenga que regular a los medios que maneja el Gobierno? Si se acepta un representante del Ejecutivo, lo lógico sería que haya un representante por cada tipo de medio.
Pero aquí no se trata de racionalidad ni de sensatez, pese a que hace casi 18 meses se aprobó un acuerdo entre todas las fuerzas parlamentarias para mantener al consejo al margen de los poderes. Al parecer, la prioridad de controlar ni siquiera permite una reflexión tranquila sobre los resultados de la consulta.