10 de March de 2010 00:00

El control a la prensa vuelve a escena

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Redacción Política

La oposición cree que esta semana el Gobierno arrancó una embestida para lograr un control de los medios de comunicación.

Su argumento tiene como pilares el veto presidencial a la Ley de Participación Ciudadana y las declaraciones de la titular de la Comisión de Comunicación, Betty Carrillo, sobre la Ley de Medios.

El presidente Rafael Correa propuso que el artículo 88 de ese cuerpo legal sea cambiado para facultar a una persona o un grupo a pedir una rendición de cuentas de instituciones públicas y privadas (que brinden servicios públicos), incluidos los medios.

Esta solicitud se podrá hacer cada año. Galo Lara, asambleísta de Sociedad Patriótica y miembro de la comisión que redactó esa ley, dice que en ese artículo no estaba contemplado que los medios reporten sus actividades, porque no lo consideraron legal. “El veto demuestra que Correa pretende meter la mano en la prensa”.

El Ejecutivo -en su reporte enviado a la Asamblea- justificó la inclusión de la prensa en ese artículo. Sostiene que los medios son “entidades públicas o personas naturales o jurídicas de derecho privado, que prestan el servicio público de la comunicación”.

Gustavo Abad, especialista en Comunicación, aunque no ha analizado el veto, cree que el concepto de rendición de cuentas es un ideal social. “Que se pida ese informe resulta lícito porque la prensa maneja un bien público como es la comunicación”. Sin embargo, dice que hay que precautelar el mecanismo a utilizarse, “para que sea transparente”.

Justamente, César Ricaurte, de Fundamedios, advierte el peligro de la intención del Ejecutivo.

Él explica que la reforma señala que el Consejo de Participación Ciudadana, que ha sido cuestionado por su conformación, será el organismo que elabore los parámetros de rendición de cuentas y pida explicaciones a los medios.

“Hay una amplia discrecionalidad, puede preguntar desde contenido, manejo financiero y acciones. Todo eso viola cualquier normativa sobre la libertad de expresión y de prensa”.

Otra hecho que entra a la polémica es la propuesta de la presidenta de la Comisión de Comunicación, Betty Carrillo, para conformar el Consejo de Comunicación. Este organismo, que nacerá con la nueva ley, se encargará del manejo de la política en esa área y de sancionar a la prensa.

Carrillo insiste en que delegados del Ejecutivo sean parte del Consejo. Ella quiere que un delegado del Ministerio de Educación, otro del Ministerio de Cultura, uno de las universidades y tres de la sociedad integren ese ente.

La primera reacción en contra fue del titular de la Asamblea, Fernando Cordero, quien aseguró que esa idea es volver al pasado. Dice que insistir en poner a un delegado del Gobierno en el Consejo significará contradecir al convenio firmado con las fuerzas legislativas en diciembre pasado.

No obstante, para la vicepresidenta de la Asamblea, Irina Cabezas, la propuesta de Carrillo hay que analizarla. A su juicio es necesario que, por lo menos, un representante del Ejecutivo sea parte de la Comisión para tener un nexo y articular la política de Comunicación en el país.

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