La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación a las presuntas irregularidades en contratos de la Asamblea Constituyente.
Esa decisión se tomó luego de que este Diario publicara un informe sobre la auditoría que realizó la Contraloría a los contratos y otros gastos que se realizaron en Montecristi. En el período auditado (29 de noviembre del 2007 hasta octubre del 2008) se detectaron varias ilegalidades en los procesos de contratación, según las conclusiones del examen. Ese documento fue enviado al titular de la Asamblea, Fernando Cordero, al igual que otra auditoría a la contratación de asesores y funcionarios de la Asamblea.
Cordero, según la Fiscalía, solo les remitió el informe sobre los asesores (por el cual también existe otra indagación), no el que determinó ilegalidades en la prestación y compra de bienes y servicios.
Fuentes de la Fiscalía dijeron que por la información publicada en la prensa sobre este informe, se puede presumir que existen responsabilidades penales.
Por eso, no es extraño que ayer la Fiscalía difundiera un comunicado informando que solicitó a la Contraloría que le remitiera a la brevedad posible el informe que no envió Cordero.
Ayer, Francisco Torres Bueno, actual administrador de la Asamblea, y ex director Administrativo en Montecristi, aseveró que el reporte referido por la Fiscalía aún no está cerrado.
En una carta dirigida a este Diario sostuvo que el informe, con diferentes puntos de vista y documentos de los servidores de la Asamblea, desvirtúa las apreciaciones de los auditores. “Notas de prensa como la presente, sin lugar a dudas, distorsionan la verdad de los procesos administrativos… y mancilla el honor de quienes trabajamos en la Constituyente”.
Pero el examen, en poder de este Diario, señala a Torres Bueno en varias ocasiones, por supuestas violaciones y omisiones de leyes, reglamentos, resoluciones, en algunos procesos contractuales de bienes y servicios