La posesión de las autoridades locales abre un nuevo escenario para el país político que, en los últimos 88 meses, estuvo marcado por la influencia presidencial que avanzó progresivamente en todas las esferas del poder.
El resultado del 23-F significó un frenazo para el oficialismo, en su afán de copar los gobiernos descentralizados. En la práctica, municipalidades y prefecturas eran el último espacio que se había resistido a la ‘revolución ciudadana’.
Con la ficción de que Quito y Cuenca estaban en el bolsillo, su apuesta de homogenizar ideológicamente a los gobiernos seccionales apuntó a plazas como Guayaquil y Machala, así como a la mayoría de capitales provinciales.
Pero no solo que el movimiento de Gobierno fracasó en tan ambiciosa cruzada y perdió el sentido de realidad política en la capital. Indirectamente también transfirió a las autoridades locales de otro signo partidista una responsabilidad democrática que parecía extraviada: activar el equilibrio de pesos y contrapesos en el ejercicio del poder.
En forma particular, la mayor responsabilidad recae sobre los hombros de Mauricio Rodas, el alcalde de Quito. Su diferencia de 20,54% puntos de ventaja sobre el alcalde del oficialismo (la mayor del 23-F), su compromiso de ser la voz de la ciudad en los temas nacionales y su promesa de inaugurar un nuevo estilo de gobierno hacen mayor su compromiso democrático.
Por lo pronto Rodas ha dado los primeros pasos en esa dirección. Aceptó ir a Carondelet a almorzar con Rafael Correa tras de una dura campaña en su contra, como una señal de querer coordinar acciones. También ha planteado desde los argumentos y el respeto a sus reparos al proyecto de ley territorial del oficialismo.
Y a diferencia de otros alcaldes que han vivido una cerrada pugna con Correa, Rodas lo invitó a su posesión, que coincide con un viaje presidencial. Resta ver si el Mandatario está dispuesto a gobernar desde el principio democrático del respeto con un actor de otra visión ideológica.