13 de September de 2012 00:05

La Contraloría, clave en el juicio a veedores

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La defensa de Pablo Chambers, Gerardo Portillo, José Quishpe y Víctor Hugo Cevallos, veedores del cierre de los contratos entre el Estado y las empresas vinculadas a Fabricio Correa, espera la notificación por escrito de su llamamiento a juicio, para definir su estrategia.

El martes, la jueza Ana Cristina Guerrón aceptó el pedido de la Fiscalía de que los cuatro hombres fueran procesados por supuesto perjurio y falso testimonio. Esta acusación se debe al informe que entregaron como parte de la veeduría ciudadana que investigó los contratos del hermano del Presidente. Según los veedores, estos convenios significaron un perjuicio al Estado de USD143 millones.

En el documento final, entregado en febrero del 2011, aseguraron que el Jefe de Estado sí conocía de los contratos de obras que su hermano mantenía con la cartera de Vivienda y OO.PP.

Sin embargo, los acusados han sostenido que su reporte final se basó en documentación oficial y en una declaración que hizo el presidente Rafael Correa, en una entrevista radial, en el 2009.

Precisamente, los informes de la Contraloría y de la Procuraduría General del Estado determinaron irregularidades en los contratos. En septiembre del 2009, el contralor Carlos Pólit señaló que en la auditoría “se ha evidenciado la inobservancia de expresas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública señaladas en su artículo 23”.

Los contratos revisados superaban los USD 167 millones. Los auditores adicionalmente determinaron en siete exámenes especiales responsabilidades civiles, administrativas y penales.

Por ello, incluso, la Procuraduría dio por terminados los convenios entre las empresas vinculadas con Correa y el Estado.

El abogado de los veedores, Ramiro Román, aseguró ayer que la investigación debía recaer sobre los organismos de control.

Sin embargo, durante la audiencia de preparación de juicio, el fiscal Estuardo Flores no presentó ningún documento de estas entidades estatales.

Esto podría, según Román, acarrear algún tipo de recurso judicial, para evitar que los veedores sean enjuiciados. “Son documentos públicos que el fiscal no exhibió. Primero tienen que solventarse las falencias jurídicas”, dijo.

Por ello, ya empezó a reunir la documentación necesaria para demostrar que el trabajo de Chambers, Quishpe, Hidalgo y Portillo se basó en informes oficiales, que provocaron incluso una modificación en la norma de Contratación Pública, para evitar que las empresas vinculadas con familiares de altas autoridades puedan contratar con el Estado.

Además, Román recordó que la veeduría ciudadana fue creada por pedido del propio Mandatario, para transparentar el proceso.

Sin embargo, la Fiscalía argumentó que como la veeduría no entregó el documento final al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sino a la Contraloría del Estado, se cometió perjurio y falso testimonio.

Estos dos delitos están tipificados en el artículo 354 del Código Penal. El falso testimonio es “punible cuando al declarar, confesar o informar ante la autoridad pública, sea persona particular o autoridad, se falta a sabiendas a la verdad; y perjurio, cuando se lo hace con juramento”.

El falso testimonio contempla una pena de uno a tres años de prisión y el de perjurio, de tres a seis años de reclusión menor.

Mientras el juicio avanza, los veedores aseguraron que no dejarán el país. Esto, porque Suecia, el país que les concedió el asilo político, según los veedores, condicionó este refugio a que exista una sentencia condenatoria.

Sin embargo, en la Embajada de Suecia en Bogotá, se informó que en Colombia no se dispone de información sobre el asilo, por lo que no se pronunciará.

El trámite en el Cpccs

El 20 de febrero del2011 ,   el  Consejo de Participación Ciudadana resolvió hacer un monitoreo   del informe de la Veeduría. Pero   no hay resultados.

El documento   está en la Secretaría de Transparencia, que estaba a cargo de Lucy Blacio, ahora jueza de la Corte Nacional.

La Fiscalía   tampoco se pronunció en el caso.  Durante la gestión del ex fiscal, Washington Pesántez, se abrieron dos indagaciones, a partir de auditorías de la Contraloría, pero se desestimaron  en marzo del 2010.

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