La organización de todo proceso electoral, y más todavía el que se llevó a cabo el domingo pasado al elegirse 5 651 dignidades seccionales en todo el país, tiene sus altas y sus bajas. Y el centro de ese análisis será siempre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y de las organizaciones políticas que intervienen en ella.
Hasta la noche del domingo, todo pintaba bien en el Centro de Mando que el CNE instaló en el Centro de Exposiciones Quito. Hubo una que otra expresión de inconformidad, alguna contingencia por el clima que impidió abrir a tiempo las Juntas Receptoras de Voto, la imposibilidad de llegar con el material electoral para elegir la Prefectura en tres parroquias de Manabí, o la quema de material electoral en dos parroquias de Guayas, Esmeraldas y Pastaza. Pero todos esos inconvenientes no afectaron a más de 20 000 electores en un universo de 11,6 millones de electores.
Las sospechas de fraude que normalmente se lanzan en vísperas de una elecciones, esta vez no prosperaron a la luz de los resultados que dieron tanto el ‘exit poll’ como el conteo rápido. La “transparencia”, palabra a la que recurría el organismo electoral en cada acto público, no fue pronunciada ayer. “La hemos demostrado en los hechos”, dijo Paúl Salazar.
Sin embargo, sí hubo problemas. Los personeros del CNE habían sostenido que los datos del conteo rápido se darían a conocer entre las 19:30 y las 20:30. Pero la proyección que marcaba tendencias, se conoció a las 01:00 de ayer en la mayoría de provincias del país. Recién se tuvo una información precisa a las 13:00 y, en casos como para las alcaldías de Rumiñahui y Cayambe, en Pichincha, hasta las 16:30 no había ninguna acta ingresada al sistema de conteo rápido. Además, el enlace del conteo en la web del CNE solo decía: “estamos actualizando la información”.
Para funcionarios técnicos, no se trata de fallas técnicas ni que hubo problemas en el sistema de tecnología traída desde República Dominicana, a pesar de que Salazar reconoció en la noche del domingo que hubo fallas en la transmisión.
Al recurrir a un sistema de transmisión mediante telefonía celular, hubo que recoger algunas actas de los recintos electorales y llevarlas a un centro de acopio para desde allí transmitir los datos.
Pero para Juan Carlos Chico, gerente del Proyecto de Conteo Rápido, y Diego Tello, coordinador estratégico del CNE, los problemas se generaron en las propias Juntas Receptoras del Voto más que en lo aspectos técnicos del sistema informático. “Dependemos de la hora de ingreso de las actas terminadas (…) A pesar de la instrucción de que llenen primero las actas de alcalde”, en algunas Juntas esperaron hasta tener llenas también las de prefectos para entregárselas al coordinador del recinto, explicó Tello.
La información en el Centro de Mando comenzó a llegar a partir de las 18:10, pero era aleatoria y sin organización alguna. Aparecían indistintamente datos de Quevedo, Loja, Guaranda, Cuenca, Quito, Pichincha, Azuay, Chimborazo, que impedían sistematizar la información. A diferencia del año pasado, cuando arrancó este proyecto, no hubo un enlace del CNE para entender los datos.
Chico explicó que no es comparable con el año pasado, cuando se lo hizo para una sola dignidad (la de Presidente), y que en este se lo aplicó para 21 prefectos y 104 alcaldes, que hacía el proceso más complejo.
Chico trató de explicar este vacío de información en la falta de tecnología suficiente. La transmisión se hace por un servidor web, y para que no sufriera ningún ataque de un ‘hacker’ ni colapsara la página, prefirieron esperar que hubiera un balance de más del 60% de los datos. Negó que el conteo rápido fuera “lento” y reiteró que no se puede comparar con el del año anterior.
Ya el Centro de Mando queda casi vacío. Ahora solo resta esperar los resultados del escrutinio oficial. El Código de la Democracia dice que tienen 10 días, a partir de la fecha de instalación, para proclamar a los ganadores.
En contexto
El conteo rápido es uno de los proyectos emblemáticos del CNE. Con software y hardware traídos desde República Dominicana, se lo aplicó para prefectos y alcaldes. Su objetivo era dar resultados de una manera rápida y fiable sobre una base del 60 o 70% de las actas, que permite tener proyecciones irreversibles.