19 de June de 2012 00:01

La consulta previa no impedirá el veto

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Hasta ayer, la Comisión de Soberanía Alimentaria no recibía el instructivo de la consulta prelegislativa. Ese documento -aprobado el jueves- es clave para que continúe con el trámite de la Ley de Recursos Hídricos o de Aguas, lista para votación desde abril del 2010.

Desde el jueves 14, la Asamblea tiene 15 días hábiles para organizar la consulta previa sobre el contenido de esa Ley de Aguas.

En ese lapso la Legislatura debe llegar a acuerdos con el Consejo Nacional Electoral (CNE), para avanzar con la consulta previa.

Según Fernando Cordero, titular del Legislativo, el CNE deberá prestar sus instalaciones en las 24 provincias, para que se entregue la documentación a quienes se registren para participar.

En ese período también se deben preparar los documentos para que miles de integrantes de organizaciones se informen sobre los puntos a ser consultados.

Estos temas, que pudieran afectar derechos colectivos a través de la aprobación de una ley, deberán ser debatidos en la Mesa de Soberanía, en el caso de la Ley de Aguas. Y luego enviados al CAL.

La consulta se desarrollaría en tres meses, desde la segunda semana de julio, según Cordero.

Los representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y de la Confederación Nacional de Organizaciones Indígenas y Negras (Fenocin) todavía no se pronuncian en torno al instructivo propuesto. Ambas anunciaron el jueves pasado una alianza -no electoral- para sacar adelante las leyes de Aguas y Tierras.

El instructivo de la consulta prelegislativa es un mecanismo temporal hasta que se apruebe una ley que regule el mecanismo. Su reglamento había sido vetado por el Ejecutivo en su rechazo a las reformas a la Ley Legislativa.

Ayer, Humberto Cholango, presidente de la Conaie, evitó comentar el tema. Del mismo modo se pronunció Luis Andrango, titular de la Fenocin, quien adelantó que en estos días presentarán un punto de vista unificado.

Sin embargo, Cholango advirtió que “más allá de que sea o no vinculante la consulta, sus resultados deben ser respetados”.

Con ese planteamiento coincide el asambleísta Marco Murillo, que es parte de la Federación de Indígenas Evangélicos (Feine).

Para él, la consulta prelegislativa se debe hacer con un compromiso del Ejecutivo de no vetar los puntos acordados con los pueblos y comunidades, consultados.

Él acepta que el resultado de la consulta no sea vinculante. Acepta en que no es un plebiscito, para responder sí o no a la aprobación de una ley. Pero advierte que tampoco es una simple socialización.

El propósito -recalca- es llegar a acuerdos. Y según el instructivo, estos acuerdos se convertirían en artículos del proyecto de ley. Y los disensos serían llevados al Pleno.

Por ejemplo, explica Murillo, no se puede aceptar que en torno a la justicia indígena, la población pida la pena de muerte. Este tema tendría que ser debatido en el Plenario. No obstante, advierte que el oficialismo debería comprometerse a no vetar aquellas partes de la ley consensuadas.

“Nada de lo que se haga en la consulta servirá porque al final todo se puede borrar con el veto presidencial”, dice Susana González, de Madera de Guerrero, integrante de la Comisión de Soberanía Alimentaria.

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