15 de March de 2011 00:00

¿Consulta para la impunidad?

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Cualquier ciudadano que haya sido víctima del delito en el país, y se haya animado a seguir los procedimientos de denuncia, investigación y juzgamiento, sabe que estos juegan a favor de quien infringe la ley y no del perjudicado. En este sistema que asegura impunidad, no solo tiene peso específico la actitud insistentemente denunciada de los jueces, sino el eslabón inicial de la cadena.

La promocionada “coordinación” entre Policía Judicial y Fiscalía General del Estado ha dado resultados muy pobres. Tras el papeleo en la Policía Judicial, el denunciante debe repetirlo en la Fiscalía. Una vez que le designan un agente, debe proveerlo de los “medios” para investigar (es decir dinero para movilización, llamadas y otros gastos).

No es raro, entonces, que el denunciante pronto descubra lo inútil del tortuoso y costoso procedimiento. Según datos de la Fiscalía General, las 130 451 denuncias penales realizadas entre enero y septiembre del 2010, se convirtieron en 107 788 indagaciones previas, y solo 12 342 terminaron en instrucciones fiscales. Únicamente la mitad tuvo un dictamen acusatorio.

No se podrá decir que la Fiscalía no haya tenido los recursos para mejorar esa realidad, o que no haya habido un Ministerio de Justicia que teóricamente debía coordinar acciones. Hoy se habla de crear una dirección de criminalística como parte de las reformas de la Policía, que debe tener como tarea primordial la prevención del delito. Esos son los graves nudos del sistema que no hace falta cambiar a través de una consulta sino a través de actos de gobierno.

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