10 de January de 2011 00:00

Consulta choca con agenda legislativa

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 0
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 0

Hoy es un día clave. La Presidencia de la República anunció que enviará a la Corte Constitucional el texto de la consulta popular.

Su contenido ha sido manejado con reserva por parte del Departamento Jurídico de Carondelet. Su principal, Alexis Mera, apenas ha dado pequeñas pistas de las preguntas. Aseguró que serán máximo 10 y que se afinan detalles para que supere la calificación de la Corte Constitucional.

El celo del contenido de la consulta incluyó a miembros de Alianza País. Por ejemplo, los miembros de esa bancada, la más grande de la Asamblea, también esperan conocer hoy cómo están redactadas las preguntas.

Semanas atrás, el bloque pidió una reunión con el Ejecutivo para conocer qué camino iba a seguir la consulta y la agenda legislativa, pero no recibió una respuesta.

¿Existe un cortocircuito? Sí, contesta la legisladora de esa bancada, Pamela Falconí, porque en el referendo posiblemente se incluyan temas que están en las carpetas de los legisladores. Además, porque no existe una coordinación entre las decisiones que toma la Presidencia y los proyectos que están en el Legislativo.

Una muestra, dice la asambleísta, es la declaración de emergencia de la Salud que rige desde hoy. Ella preside la Comisión de Salud y preparaba una reforma a las leyes de esa área, pero no hubo comunicación para amalgamar ese texto con las urgencias de demanda el Ejecutivo y piensa que su trabajo ha quedado sin piso.

Así también las reformas a los códigos de Procedimiento Penal, el proyecto de Ley de Comunicación y el juicio político a los vocales de la Judicatura se preparan en la Asamblea y también serán parte de la consulta presidencial.

La Comisión de Justicia del Legislativo tiene previsto enviar hasta finales de este mes, el texto para segundo debate de las reformas penales. Vicente Taiano, asambleísta del Prian y miembro de esa comisión, coincide que existe una falta de coordinación.

Él sostiene que la intención era que en la consulta se incluyeron temas que no pueden ser tratados por la Asamblea, porque el candado protege la Constitución. Entre ellos, la caducidad preventiva y la imputabilidad en delitos a adolescentes. Pero, recalca que ahora se abordarán temas políticos. “Eso es un peligro”.

El propósito del presidente Rafael Correa, de reestructurar la Función Judicial, con la salida de los vocales del Consejo de la Judicatura, también está en los planes de la bancada de Alianza País.

Mauro Andino asegura que en 15 días presentará el pedido formal para que sus nueve vocales sean enjuiciados políticamente. Él adelanta que tiene el apoyo de su bloque (57votos) y el aval del titular de la Asamblea, Fernando Cordero. Es decir, la suerte de los miembros del organismo judicial pudiera estar definida si se consiguen apenas seis votos más.

“Esperemos conocer cómo están formuladas las preguntas de la consulta, pero el juicio político no se frenará”, recalca Andino.

La intención de la Presidencia no es solo reemplazar a los actuales miembros de la Judicatura, sino crear una comisión que pueda cumplir con sus atribuciones: la creación de más juzgados, la destitución de jueces en funciones prorrogadas y nombrar nuevos responsables de los juzgados. Esta comisión estaría integrada por tres miembros que serán representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La Ley de Comunicación también se incluirá en la agenda del debate legislativo en las próximas semanas. Por eso, para el legislador de Sociedad Patriótica, Fausto Cobo, la intención de Correa de que ese tema sea parte de la consulta popular tiene un propósito político y no técnico.

Él fue parte de la comisión legislativa que redactó y aunque no firmó el informe para segundo debate, está convencido de que el tema de la comunicación debe ser parte de una discusión nacional. Por eso, este miércoles, Cobo junto con los asambleístas César Montúfar y Jimmy Pinoargote convocarán a los jefes de los bloques de la Asamblea para debatir nuevamente la ley de medios.

La idea del Gobierno es criticada

 

La propiedad de los medios  ha sido una preocupación para el Régimen, por eso apoyó que los banqueros no puedan tener medios, como el caso de Teleamazonas.

Hoy, el Gobierno quiere incluir  el  tema en la consulta, pero hay  críticas.  Romel Jurado, del Consejo Editorial de EcuadorTV y catedrático, dice que no es democrático que se lleve ese tema a consulta, sin que  el Legislativo apruebe la Ley de Comunicación. “Con qué referencias y participación va a poner uno u otro tema en la consulta”. 

Jaime Guamán, asesor jurídico de la Asociación  de Canales de Televisión, cree que  no está clara la intención del Gobierno al consultar sobre  la propiedad de los   medios. “Las compañías se forman con el aporte de capital de los socios. La radio, la televisión y la prensa no son actividades que   permitan gran acumulación de utilidades”. 

‘Se debe tener cuidado con el tema’

Una sorpresa en la consulta fue preguntar el futuro del proyecto Yasuní-ITT, que se formalizó con la firma del fideicomiso con la ONU, en agosto del año pasado.   

La intención del Régimen es consultar que  si no existe corresponsabilidad de la comunidad internacional se explote la reserva  del parque Yasuní.

Para Roque Sevilla, uno de los primeros voceros de la Iniciativa, hay que   tener cuidado en la formulación de la pregunta. “¿Por qué no hablar en positivo, de dejar el petróleo en tierra si se logra el apoyo internacional?”.     Él cree que  ha disminuido la promoción del proyecto.  

 

La legisladora Roxana Alvarado,  de A. País y de la Comisión  Legislativa de  Biodiversidad,  dice que “si se lleva cualquier cosa a consulta, el resultado puede ser cualquier cosa. En temas tan delicados como este todavía tenemos que  esperar (...)”. 

La Constitución ya norma al sector

 

El Gobierno   quiere imponer  su peso  en la  banca. El presidente Rafael Correa  incluirá una pregunta sobre este sector   en el referendo.    

Se consultará si considera que los banqueros deben tener acciones en negocios ajenos al sistema financiero.  “Eso en países como EE.UU. es prohibido porque puede haber cruce de intereses: le doy crédito a mi empresa y quiebra la otra empresa”, argumentó el Mandatario. 

El ex ministro Economía, Fausto Ortiz,   dice que se  “deberían priorizar  temas más importantes como el  de los subsidios de los combustibles”. 

 

 El constitucionalista Milton Castillo afirma  que  ya existe esa norma  en la Constitución, que debería aplicar la Junta Bancaria (foto). “Cuando se quiso aplicar había una   limitación porque no hay  una ley específica. Lo que debería hacer el Presidente es crear esa norma.  

Es la propuesta con más polémica  

 

La intención de reestructurar la Función Judicial genera posiciones encontrada. Ernesto Pazmiño, presidente de la Defensoría  Pública, cree que es positiva. “Estamos en crisis y la  ciudadanía debe entender que el cáncer debe ser cortado de raíz (...) El Consejo de la Judicatura está en deuda”.   

Pero para Fernando Casares, ex magistrado, es un error pretender cambiar la Judicatura  mediante una  consulta, porque se irrespetará el estado de derecho. “Es el rompimiento de la Constitución y generará más inseguridad jurídica en el país”.

 

Hoy está previsto que el Consejo Consultivo de la Justicia se reúna para analizar la consulta y el proceso de modernización de la Función Judicial. El Consejo está conformado por las autoridades principales  de la Fiscalía General, la Corte Nacional de Justicia,  de la Judicatura y de la Defensoría Pública.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (0)
No (0)