28 de January de 2011 00:00

Para el Consejo Electoral la suspensión de las revocatorias es ‘inaplicable’

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La resolución que tomó la Corte Constitucional (CC) de suspender los procesos de revocatoria del mandato han causado reacciones de todo tipo.

Por un lado, los jueces constitucionales consideran que su fallo es de cumplimiento obligatorio para todos los casos e inmediato. Ellos resolvieron, el miércoles pasado, suspender los pedidos de revocatoria en contra de todas las autoridades, hasta que la Asamblea Nacional norme el procedimiento. Es decir, que el trámite podrá llegar libremente hasta la presentación de firmas de respaldo de la revocatoria, pero no podrá pasar a calificación del Consejo Nacional Electoral (CNE).Sin embargo, el titular de esa instancia, Omar Simon, aseguró que el fallo emitido por el Tribunal es inaplicable. Uno de sus argumentos es que la decisión no puede afectar a las revocatorias que están en ejecución, pues eso sería “interferir” con un proceso de elecciones (revocatoria), lo cual es inconstitucional.

Según la normativa no se puede modificar a la Ley de Elecciones hasta un año antes de que se realice un proceso electoral y las revocatorias están vigentes de realizarse hasta marzo. “Esperamos que la Corte corrija lo que para nosotros es una interferencia con el proceso electoral, y que está por fuera de las atribuciones propias de la Corte”, señaló Simon.

Este criterio es compartido por el ex presentador de televisión, Carlos Vera, quien promueve la revocatoria del mandato del presidente Rafael Correa. En un comunicado argumentó que la decisión no puede ser retroactiva y cuestionó a los magistrados de la CC y dijo que se ha violado el derecho de los ciudadanos a pedir la salida de alguna autoridad de elección popular.

“Este absurdo pronunciamiento de la Corte Constitucional es un patético anticipo de lo que dirán ante la consulta popular sobre la cual insinuaron ya que inclusive pueden reformular las preguntas del Ejecutivo, cuando lo que corresponde es aceptarlas o descartarlas. Pero no ser amanuenses del Jefe de Estado o correctores de prueba de sus ensayos”.

Michel Achi, alcalde de Playas, quien tendría que enfrentarse a una consulta de revocatoria el 27 de febrero junto a otras 10 autoridades a escala nacional, asegura que esperará a la publicación en el Registro Oficial, de la resolución, y luego interpondrá su apelación en el CNE. “Se ha hecho justicia para los alcaldes que estábamos en la indefensión porque no había argumentos para solicitar revocatorias' lo que hay es revanchismo político”, dijo.

Pero la asambleísta Mary Verduga (Alianza País), vocal de la Comisión de Ordenamiento Territorial, mostró su preocupación por la sentencia emitida por la Corte. Para ella, la disposición pone un freno total a un derecho que está consagrado en la Carta Magna. “La Asamblea está trabajando en una ley que regula, pero eso no puede cerrar la puerta a la ciudadanía. No sé cómo se deba proceder ahora con este fallo emitido”.

No obstante, la legisladora Diana Atamaint (Pachakutik), también de la Mesa, señaló que con la sentencia emitida de la Corte se podrá avanzar en el trámite de la ley reformatoria a la Ley de Participación Ciudadana y Control Social, sobre las revocatorias.

En este proyecto de normativa, la Comisión no ha recogido la propuesta de los alcaldes, sino que se elaboró un nuevo proyecto, en el cual “no se restringe a los ciudadanos para proponer revocatorias, sino que también se les da la oportunidad a las autoridades de defenderse y pasar por el debido proceso”, explicó.

Para ello, una de las propuestas es que las personas que quieran revocar el mandato de alguna autoridad presenten argumentos demostrables sobre mala gestión o actos de corrupción. Pero, además, no podrán plantear una revocatoria quienes tengan conflicto de intereses, como ex candidatos a ocupar el cargo cuestionado, suplentes de las autoridades, quienes no se adjudicaron contratos, entre otros.

Además, el equipo legislativo analiza ampliar los plazos y el porcentaje de firmas para las circunscripciones que tengan menos habitantes. “Planteamos que el mínimo de firmas de 10% sea para la circunscripción nacional. Pero para localidades que tengan poca población, el porcentaje de firmas debería ser del 25% del padrón electoral”, señaló Atamaint.

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