30 de April de 2011 00:00

¿Consejo de Regulación y arma de control?

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PREGUNTA 9

¿Está  de acuerdo que la Asamblea , sin dilaciones expida una Ley de Comunicación que cree un Consejo de Regulación que regule la difusión de contenidos en la TV, radio y publicaciones de prensa escrita que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios, y que establezca criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios emisores?

El siete es el número de Alianza País. Desde su llegada al poder ese ha sido el número para armar organismos, como el Consejo de Participación Ciudadana, Consejo de Educación Superior...

Siete también serán los miembros del Consejo de Comunicación que pretende crear el Gobierno con la consulta. Esa decisión no es reciente; a mediados del 2010 asambleístas de Alianza País y representantes del Ejecutivo, se reunieron para tratar la ley de medios.

La razón para apostar por ese número, explicó un miembro de la agrupación, no es por una cábala, sino porque con esa fórmula es fácil armar mayoría con cuatro aliados. Siempre el Presidente tendrá voto dirimente.

La intención de Alianza País de crear un consejo que controle y sancione a la prensa ha sido constante. En una entrevista en Gamatv, el presidente Rafael Correa sostuvo que servirá para terminar con los abusos de la prensa. Esa fue la justificación para incluir el tema en la consulta, con lo cual para destrabar la aprobación de la Ley de Comunicación en la Asamblea.

Esta ha sido la ley más dura para A. País. En septiembre del 2009, cuando arrancaba el debate legislativo, el asambleísta Rolando Panchana lanzó una propuesta para la creación del Consejo. Su idea fue criticada porque quería dar todo el control al Ejecutivo. A consecuencia de las críticas, País empezó a ceder en la conformación.

En diciembre de ese año, en un pacto entre el movimiento oficialista con el resto de fuerzas políticas de la Asamblea, se decidió quitarle peso al Ejecutivo. Pero por fuera del acuerdo, Alianza País decidió no dar más pasos atrás y planteó que siete miembros llegaran al Consejo de Comunicación. Estos serían dos representantes por el Presidente; uno por el Consejo de Igualdad; uno por las facultades de Comunicación Social del país y tres delegados de la ciudadanía.

La oposición dijo que se traicionó el acuerdo y bloqueó la aprobación de la ley. Ahora, dice Cobo, lo que pretende el Presidente es tener un organismo para terminar con las libertades de expresión y de prensa.

Juan Carlos Solines, especialista en legislación sobre Comunicación, también coincide que detrás del Consejo hay un propósito de control a los medios. Él dice que en normas vigentes, como las civiles, penales y de telecomunicaciones, hay artículos que regulan a la prensa; pero ahora se quiere extender esa vigilancia.

Para el decano de la Facultad de Jurisprudencia de la U. Católica de Quito, Santiago Guarderas, también se pretende atentar contra normas sobre los derechos humanos contempladas en los tratados internacionales suscritos por el Ecuador.

En el exterior se mira con inquietud el tema del Consejo, el Comité de Protección a Periodistas está preocupado por los ataques que sufren los medios, (ver entrevista). Ese mismo temor lo han tenido la Unesco, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA, entre otros, que han dicho que sus facultades serían peligrosas para las libertades.

 

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